Los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) no han publicado su información financiera, la misma que supone comprobar que carecen de conflictos de intereses a la hora de negociar el futuro de Puerto Rico, desde noviembre de 2018.

La divulgación de estos datos, hasta el momento mostrada a medias y sin obligación, se convierte en materia de discusión congresional ahora que los actuales miembros del ente fiscal han sido formalmente sometidos a evaluación senatorial para cumplir con un termino hasta agosto de 2019.

El martes en la tarde, la JCF anunció que el presidente Donald J. Trump sometió a ese cuerpo legislativo los nombramientos de los siete miembros, a la luz del plazo del 15 de julio impuesto por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. En una determinación previa, el Circuito declaró a los miembros inconstitucionales porque no contaban con el aval del Senado, por tanto, para esa fecha debían ser evaluados y confirmados o, de lo contrario, la JCF quedaría inoperante.

La polemica sobre los nombramientos ha involucrado tambien una aceleración en los procesos de quiebra, incluyendo acuerdos finales para la deuda de COFINA y acuerdos preliminares en la Autoridad de Energía Electrica, con los pensionados y para la deuda de Obligaciones Generales, al punto que la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko, vaticinó que el gobierno habría salido de la quiebra para el 2020.

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) no requiere explícitamente la divulgación de estos informes financieros, ni cuándo deben hacerse o con cuanta frecuencia.

No obstante, es clara en que los miembros de la entidad financiera están sujetos al escrutinio de conflicto de intereses y las transacciones, bajo el Ethics in Government Act of 1978 y al Código Federal de los Estados Unidos. Esas mismas regulaciones federales especifican que los funcionarios que hayan sido nombrados para ocupar cargos públicos deben contar con información actualizada sobre sus datos financieros y arrojar luz sobre posibles conflictos de intereses previo a ser evaluados por el Congreso. De no presentarla, serían inelegibles para ocupar la posición.

El presidente de la JCF, Jose B. Carrión III, indicó en febrero de 2017 que el grupo compartía la información porque creía en la transparencia y en la etica. Desde febrero de ese año se han publicado dos informes trimestrales --correspondientes al 2017 y al 2018-- y el informe anual del 2017. El informe anual para el 2018 y el trimestral del año en curso están ausentes en el portal de la entidad.

Aunque en el pasado han publicado parte de esa información, los datos compartidos por la JCF han comprobado ser insuficientes. En el caso de Carrión III, por ejemplo, el integrante comparte informes extensos, pero sin revelar ingresos devengados ni el valor de sus activos ni las finanzas de su cónyuge.

El caso se replica de diferentes formas con Jose R. González, Natalie Jaresko y David Skeel. Mientras, al menos en el 2017, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González entregaron información más sustanciosa.

De acuerdo al grupo Espacios Abiertos, lo disponible no sirve para determinar si hay o no conflicto de intereses y si alguno de los miembros o empleados se benefician indebidamente de sus posiciones.

Basado en una gráfica realizada por la organización, Carrión III, así como Carlos García y Jaime El Koury encabezan la lista de quienes entregaron datos en el informe anual, pero no con todo lo requerido.

Por otra parte, los componentes del personal administrativo no entregaron ningún documento. Este grupo consiste de Armando Silva (director reestructuración de deuda), Miguel Tulla (director fiscal y de implementación), Kyle Rifkind (asesor general adjunto) y Rosemarie Vizcarrondo (jefe de personal).

El aviso de Casa Blanca indica que las nominaciones, de ser aprobadas, serían para un termino que expira el 30 de agosto de 2019, por lo que los miembros actuales pasarían por el cedazo senatorial federal ahora pero, para esa fecha, se deben hacer nuevas nominaciones, ya sea de los mismos o de otras personas, para que la Junta siga su función.