Esta mañana, Jonathan Lebrón, desde WIAC, me hizo una pregunta que considero importante. Me dijo que otros de los al menos 8 casos de ejecuciones extra-judiciales por parte de la Policía este año eran casos 'peores' en el uso de la fuerza que el caso de Moises Class Rivera en Vega Baja que se discute en los medios desde hace días. Se refería a que, en el caso de Moises, parecía más justificado que el policía utilizara fuerza letal ya que Class Rivera había utilizado su arma de fuego al entrar a la panadería. Me preguntó si yo estaba de acuerdo en que los demás casos eran más preocupantes en cuanto al uso de fuerza del policía y le dije: 'Claro que sí'.

Nosotros en Kilómetro Cero hemos denunciado todos los casos de muertes a manos de policías ocurridos este año. Por que esta denuncia atrajo más atención de la prensa, desconozco. Los fenómenos de interes mediático tienen sus propias dinámicas. A veces tenemos mucha cobertura, a veces no tanta.

Personalmente, todos los casos en que el Estado asesina a una persona me tienen que preocupar porque me demuestran lo lejos que estamos de una policía adiestrada para mitigar las situaciones tensas, incluso extremas, que vivimos en este país todos los días y que seguiremos viviendo, entre otras razones a causa del empobrecimiento, la desigualdad creciente y las medidas de austeridad a las que se nos ha sometido. Intentos de asaltos como el que ocurrió en Vega Baja ocurren todos los días en este país. ¿Cuál es la solución? ¿Poner un policía en cada esquina para que asesine a cada persona que intenta hacer un asalto? Sin duda, con esta experiencia de los últimos días me he dado cuenta de que hay personas que quisieran eso pero sabemos que esa no es una verdadera solución.

Así que tengo que aceptar que es cierto que hay unos casos que me preocupan más que otros. Literalmente me quita el sueño el caso de Anthony Maldonado Aviles, el joven epileptico de Jayuya a quien la Policía mató en su casa, frente a su madre y a su tío en febrero de este año. Anthony tenía una crisis emocional en ese momento a causa de las constantes convulsiones que sufría, así como los efectos de sus potentes medicamentos. Su mamá llamó al 911 para que la ayudaran a manejar su crisis, no para que el Estado le matara a su hijo. Me consta que tan pronto los dos policías llegaron a los predios frente a la casa de Anthony y lo vieron dentro de la marquesina con un machete en la mano, inmediatamente sacaron sus armas de fuego y le apuntaron. La obligación de la Policía en una situación como esa es mitigar la tensión con estrategias no violentas. La Policía está llamada a asistir a una persona vulnerable en crisis, no a asesinarla. Según los propios protocolos de uso de fuerza e intervención en crisis vigentes de la Uniformada, tenían que hacer el ejercicio de mitigación (de-escalonamiento de la fuerza) con estrategias como establecer una comunicación empática y no violenta con el muchacho, mantener la distancia, hablarle, decirle que venían a ayudarlo, pedirle tranquilamente que soltara el machete, intervenir con el como lo que era: un paciente en crisis. En otros países, hay policías expertos en estas estrategias no violentas. Los he visto en acción y me han conmovido profundamente con su vocación de verdadero servicio y sentido de pertenencia comunitaria. Pero no. El Sargento decidió matar al muchacho a distancia porque supuestamente este se iba a abalanzar sobre el otro agente, versión que la familia niega. Aún si la versión del policía fuera cierta, los oficiales podían en última instancia utilizar el taser si realmente existía un peligro inminente. Usar un arma de fuego porque el joven tuviera un machete no es utilizar fuerza proporcional ni razonable. Es sencillamente increíble pensar que entre dos policías con todo tipo de herramientas y armas, no pudieran lidiar con un paciente de epilepsia en crisis. No lo aceptamos. El trabajo de la Policía no es matarnos.

Como si este relato de terror no fuera suficiente, en la misma escena uno o ambos policías tambien dispararon al menos 4 veces contra el balcón de la casa, donde estaban parados Elsa y Gerardo, madre y tío de Anthony. Es decir, que estuvieron cerca de provocar una masacre porque bien pudieron haber matado a Elsa y a Gerardo en esa balacera completamente injustificada que crearon allí, en el hogar de Elsa Aviles.

Acompañar a la familia de Anthony en este proceso cruel y prácticamente esteril de buscar justicia ha sido muy duro por muchas razones. Porque los fiscales aceptan las versiones de la policía prácticamente sin cuestionamientos. Es decir, el testimonio del que mató a la víctima, por alguna razón ajena a mi comprensión, tiene más credibilidad que el de los testigos y las víctimas secundarias. Los fiscales e investigadores a su vez sufren de los mismos estigmas y prejuicios que el resto de la población y, lamentablemente, se dejan llevar por inferencias personalistas que hacen en torno a los contextos de las escenas. Ha sido duro porque no existe una cultura de rendición de cuentas para la Policía en este país, lo que provoca que el mismo sistema les adjudique unos niveles de impunidad muy difíciles de penetrar. La Policía tiene licencia para matar en este país y lo hace a nombre del Estado. Es decir, a nombre de todos nosotros. Y los fiscales lamentablemente no radican los cargos criminales correspondientes porque la 'legítima defensa' parece ser una especie de inmunización del policía. Nosotros creemos que, en casos como este, las acusaciones hay que presentarlas porque un policía que se excede en su poder y en el uso de la fuerza y mata a alguien, está cometiendo un crimen. Es vital para la justicia dar oportunidad a que sea un juez quien decida si prosperan o no los cargos criminales.

El caso de Vega Baja ha sido una discusión difícil pero no menos necesaria. La situación es compleja y la información ha ido revelándose poco a poco a lo largo de los días. Pero hay dos asuntos medulares que denunciamos desde el principio y que esperamos se investiguen con rigor, objetividad y haya un proceso serio de rendición de cuentas. El más preocupante es el ajusticiamiento del joven. Un tiro para neutralizar es una cosa, varios tiros adicionales parecen ser para asegurarse de que muriera y ahí es que está el conflicto sobre el cual nos toca levantar bandera. El Policía no puede decidir el castigo que tendrá el delincuente. No puede ser juez y verdugo. El trabajo de la Policía no es matarnos, ni siquiera castigarnos. Su rol es intervenir legalmente con aquellas personas que cometan delitos graves y, asegurarse de procesarlas para que el sistema de justicia determine si son culpables o inocentes. El otro asunto que denunciamos fue la mentira de la Policía al decir que Moises Class había divisado al Policía y le había hecho varios disparos. Sobre las mentiras del Negociado de la Policía podríamos hacer una tesis, eso es tema para otra columna.

Nosotros denunciamos y denunciaremos todas las ejecuciones extrajudiciales porque creemos que una es demasiado. Porque no estamos dispuestos a que el estado mate a nadie en representación nuestra. Porque sabemos que las víctimas de la Policía suelen ser personas vulnerables como son los pacientes de salud mental, menores de edad, jóvenes empobrecidos, negros, o personas que protestan y se enfrentan al sistema. Y tenemos dos certezas: que hay otras formas más justas y equitativas de cumplir con la seguridad de un país y que otra Policía tiene que ser posible para Puerto Rico.

*La autora es Directora Ejecutiva de km0.