El gobierno de Puerto Rico finalmente publicó un informe que recoge el costo total de todos los beneficios contributivos que otorga el estado - sea mediante creditos, deducciones, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales - a individuos, corporaciones, servicios y productos.

Sin embargo, del reporte se desprende que de los 302 beneficios contributivos que el gobierno concede, 21 de ellos no fueron usados, pese a que no están sujetos a una moratoria, incluyendo un credito otorgado para la creación de empleos en lugares con bajo desarrollo industrial.

Se trata del Informe de Gastos Tributarios, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos y el Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. El informe ilustra y detalla todos los beneficios contributivos otorgados por el gobierno y presenta los recaudos perdidos por concepto de ello.

El informe tambien recoge los beneficios contributivos que están sujetos a una moratoria, por lo que su otorgación fue puesta en pausa, como tambien creditos que no fueron reclamados. Uno de esos creditos no reclamados va dirigido a nuevos negocios que establezcan sus operaciones en zonas de poco desarrollo industrial.

Según el reporte, los creditos disponibles al amparo de la sección 5 (b) de la ley de Incentivos Económicos no fueron reclamados en el año fiscal 2017. Ese estatuto provee para un credito de $2,500 por cada empleo creado en zonas de bajo desarrollo industrial, $1,000 por cada empleo creado en zonas de desarrollo industrial intermedio y un credito de $5,000 por cada empleo creado en Vieques y Culebra.

Esta primera iteración del informe ocurre como requisito de la Ley PROMESA que instaló a la Junta de Control Fiscal (JCF) y ocurre tambien en medio de un pleito todavía pendiente iniciado por la entidad Espacios Abiertos (EA) para que el estado haga público el costo de mantener los 302 beneficios contributivos que tiene disponible. Los detalles de los costos que incurre el gobierno por otorgar creditos contributivos, deducciones, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales no forman parte de la divulgación presupuestaria que anualmente hace el gobierno, por lo que el informe representa la primera vez que esta información se revela al público.

Del informe se desprende que entre todos los beneficios contributivos otorgados - incluyendo las exclusiones al IVU en el costo de vehículos, gasolina, servicio electrico y de agua potable - el gobierno asumió un costo de $26,357 millones.

Sin embargo, la vasta mayoría de esos beneficios económicos se concentran en el renglón de incentivos económicos al sector industrial y empresarial. En el agregado, es decir entre todos los contribuyentes corporativos que se acogen a los beneficios disponibles para ellos en el Código de Incentivos, el gobierno dejó de devengar $15,691.5 por concepto de tasas contributivas preferenciales para el año contributivo 2017.

A eso tambien se añade el costo de los decretos de exportación de servicios por concepto de ley 20 que totalizaron $111.3 millones, y las tasas contributivas preferenciales de la ley 22 que costaron $29 millones. Mientras que uno de los decretos más recientes, una tasa contributiva reducida a profesionales medicos, representó un costo de $126.6 millones en lo que supone ser su primer año en vigor, pues fue una de las primeras leyes que ratificó el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Otra tajada presupuestaria proviene de arreglos intergubernamentales entre la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y el gobierno central, la más alta siendo una exclusión contributiva al combustible usado para generar energía, la cual costó $250.2 millones. Otras exclusiones aplicables a otros tipos de combustible utilizados por la AEE, tal como el gas natural y el combustible residual 6, representan $110 millones en costos al gobierno.

Por otra parte, el reporte tambien consigna los costos para el gobierno por beneficios contributivos de amplio beneficio a los contribuyentes individuales, máxime en el renglón de exenciones al IVU. Entre estos figuran $882.1 millones costeados por el estado por la exención a alimentos no preparados, $715.6 millones por exenciones a servicios medicos y hospitalarios, $439.5 millones por la exención a prescripciones medicas, $287.3 millones por exención a costos de matriculas educativas y $190.7 millones por exenciones a intereses y cargos por servicios financieros.

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