Para que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico de luz verde al Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) debe, primero, proveer tanto a bonistas como pensionados los beneficios razonables a esperar, dentro de las circunstancias, de manera justa y equitativa.

Segundo, la jueza que atiende el caso de quiebras de Puerto Rico bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) Laura Taylor Swain, debe considerar lo que cada uno de los acreedores recibirían si hicieran su reclamación individualmente.

Por último, incide en su decisión la realidad y precisión de las proyecciones y gastos con los cuales la Junta conformó este Plan para decidir el pago a los acreedores.

La propuesta incluye acuerdos alcanzados con el Comite Oficial de Retirados (COR) del Gobierno de Puerto Rico, la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, el Grupo de Bonistas QTCB y el sindicato Servidores Públicos Unidos. Tambien toma en cuenta los bonos de Obligación General (GO's) del Gobierno central, de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), y del Sistema de Retiro de Empleados (SRE).

El Gobierno central tiene $13,400 millones en bonos GO, obligaciones directas vigentes y $5,000 millones en deuda garantizada.

Aunque los bonistas de GO's reclaman que tienen prioridad sobre los ingresos del Gobierno por impuestos y arbitrios, el recorte promedio propuesto es de 36%. No obstante, ciertos tenedores de bonos impugnados de obligación general y reclamos garantizados ofrecen un recorte entre 55% a 65%. Mientras, los bonistas locales individuales podrán elegir bonos de corto plazo, no exentos, con pago mensual de intereses. Los acreedores no asegurados, con acreencias de menos de $10,000, recobrarían la cantidad completa, pero los demás recibirían un recorte de 96%.

De otro lado, el SRE tiene aproximadamente $3,200 millones en bonos pagaderos de los activos del sistema y contribuciones patronales, y según el Plan los bonos estarían reducidos en 87%.

Entretanto, la AEP tiene aproximadamente $4,600 millones en bonos y el recorte propuesto sería de 28% para los bonos no impugnados y 42% para los impugnados.

Aunque el viernes durante su decimoseptima reunión la JCF discutió en poco más de una hora el Plan, la votación sobre el documento se dio a puerta cerrada el jueves. De acuerdo al presidente del ente, Jose Carrión III, su aprobación fue unánime.

El Plan de Ajuste reduce la obligación anual del pago de la deuda del Gobierno de Puerto Rico a $1,500 millones por los próximos 30 años; antes era de $4,200 millones. En general, suponen cubrir $35,000 millones de deuda y $50,000 millones en responsabilidades de pensiones durante ese período. A su vez, un 40% de los pensionados verán recortes en sus jubilaciones.

Aunque la Junta ha manifestado anteriormente su prisa por culminar labores en el país, en octubre enfrentan un proceso judicial ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que se cuestionará la validez de sus nombramientos.

De aprobarse el Plan de Ajuste, el recorte a los pensionados entraría en vigor el 1 de julio de 2020. Puede leerlo a continuación.