El sistema PayGo para pagar las pensiones llegó para quedarse.

Pero, aunque forma parte integral del propuesto tratamiento que recibirán los pensionados al momento de ajustarse la deuda a traves del propuesto Plan de Ajuste que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) la semana pasada, persisten retos de financiamiento que podrían volver a poner las pensiones en riesgo en dos decadas.

Estos riesgos incluyen la falta de pago de aportaciones al sistema por parte de municipios y corporaciones públicas - la cual el gobierno persigue asumir - falta de datos censales relacionados a beneficiarios no activos o que se acogieron a un retiro voluntario y la probabilidad de que los gastos del estado superen sus ingresos para el año 2037.

Actualmente, bajo el sistema PayGo el gobierno presupuesta el pago de las pensiones y emite los desembolsos a traves del fondo general. Esa obligación actualmente supera los $2,500 millones al año.

Bajo los estimados realizados por la firma de contabilidad Ernst and Young (EY), el gobierno esta en posición de cumplir con las pensiones a cabalidad hasta el 2037. Posterior a ese año y hasta el 2049 se anticipa un periodo de deficit en el que el gobierno tendría que conseguir más de $6,300 millones adicionales para cumplir con las pensiones.

'El gobierno necesitará tomar pasos adicionales para lograr balance presupuestario en los años subsiguientes. Muchas de esas medidas ya las ha delineado la Junta Fiscal, pero no ha habido compromiso del gobierno hasta la fecha. Estas medidas incrementales están dirigidas a aumentar la competitividad del gobierno, mejorar su economía y producir superávits más allá del año fiscal 2037', reza el informe de EY.

Ley 29 y data incompleta afectan estimados

Por una parte, los municipios y las dependencias del gobierno han fallado en remitir sus aportaciones al sistema de retiro. En el caso de 50 municipios esa deuda asciende a $126 millones, mientras que otras 24 corporaciones públicas han acumulado una deuda de $93 millones, indica el informe comisionado por la JCF a EY.

Como medida para atajar ese impago, la administración de gobierno legisló para asumir el costo del PayGo de municipios y corporaciones públicas mediante reembolsos a traves de la ley 29 del 2019. La JCF, sin embargo, insistió que esos reembolsos no estaban presupuestados en el Plan Fiscal certificado, por lo que el gobierno tendría que compeler el pago de las aportaciones de los jubilados a los municipios y agencias o buscar otra medida para reducir costos.

Aunque el análisis de EY se limita a uno consultivo para beneficio de la JCF, su evaluación sobre la sostenibilidad de los sistemas de retiro del gobierno central se sostiene sobre el cumplimiento de las directrices de la Junta y, por tanto, la eliminación de la ley 29. A esos efectos, señala que la posible disolución de municipios o corporaciones, o su insolvencia, causaría que esa obligación pase al gobierno central, aumentado la carga de deuda.

La evaluación de la firma internacional de contabilidad consideró los 242,000 miembros activos, pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SER), el Sistema de Retiro de los Maestros (SRM) y el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ).

En el caso del SRE, aunque mantuvo algunas prácticas operacionales comunes - como realizar estudios actuariales, auditorias y políticas de inversión - EY encontró que no existe data sobre empleados que aportaron al sistema de retiro, pero que ya no trabajan en el gobierno. A modo de producir un estimado para la evaluación total del sistema, la firma le atribuyó a ese sector particular de beneficiarios un costo de $900 millones, aunque señalan en el informe que la falta de ese dato podría ser perjudicial más adelante.

'Aunque estas aproximaciones están basadas en experiencia de plan, son estimados de data incompleta que típicamente pueden ser rastreadas por otros sistemas. Estas limitaciones de data pueden llevar a ineficacias en la administración del plan y presentan un riesgo de equivocarse en las obligaciones del plan', sostiene el informe de EY.

Otro dato que no se refleja del estudio actuarial del 2016 que utilizó EY para la evaluación es el impacto que tendrá el programa de retiro voluntario sobre los estimados del PayGo. El informe señala que el más reciente plan de retiro voluntario cubrió a más de 5,455 empleados públicos que reciben más de $14 millones en pagos.

Sin embargo, aunque esto supone un ahorro en el renglón de nómina para los patronos gubernamentales, tambien tienen el efecto de reducir el universo de contribuyentes al sistema de retiro a la vez que aumenta la obligación de pensiones que deben pagar. Esto abre a la posibilidad que los cálculos realizados sobre los costos del PayGo sean mayores a los estimados actuales.

Vea el informe de Ernst & Young aquí.