El Municipio de Arecibo y su alcalde Carlos Molina Rodríguez deberán cumplir con el pago del bono de Navidad de $500 correspondiente al año 2016 luego que el juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, Juan C. Avilés Feliú, sentenciara que el ayuntamiento incumplió con su propia ordenanza.

En principio, el Municipio aprobó la Ordenanza 9 de ese mismo año para pagar un bono de Navidad de $1,000, pero más adelante a pedido del también presidente de la Federación de Alcaldes la Legislatura Municipal dio paso a la Ordenanza 34 que redujo la bonificación a $500. Esta última ordenanza se hizo en violación a la veda electoral que prohíbe hacer cambios en transacciones de personal.

'Cuando yo llegue a la alcaldía a los empleados municipales no se le había pagado su salario por dos meses, las patrullas municipales no tenían gasolina y los oficiales de la policía trabajaban por un salario mucho más bajo que ahora. Bajo mi administración se logró pagar a los empleados a quienes se les debía, conseguimos adquirir más patrullas para mejorar las condiciones laborales de los oficiales y aumentar la seguridad de nuestro pueblo', defendió Molina Rodríguez en declaraciones escritas.

También aseguró que los empleados municipales han visto el cumplimiento de los pagos de sus salarios y del bono de Navidad, aprobado anualmente por la Legislatura municipal, al tiempo que prometió continuar en la búsqueda de beneficios para los trabajadores.

El Juez concluyó que los empleados habían adquirido un derecho al bono de Navidad que el Municipio no podía afectar de manera retroactiva. Por tanto, reconoció la deuda de $500.00 a cada empleado demandante, los cuales fueron representados por el Programa de Solidaridad UTIER, PROSOL UTIER.

La Unión comenzó este mes una campaña dirigida a que el Alcalde pagara el bono adeudado, así como licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas. La campaña incluyó una pasquinada en la ciudad con una foto del Alcalde en la cual se pide que pague lo que debe. También PROSOL UTIER denunció irregularidades en la otorgación de beneficios económicos y transacciones de personal por parte de Molina. Además, insistió en su reclamo de hacer valer los procedimientos de atender querellas y cumplir las normas de salud y seguridad que el Municipio firmó con PROSOL UTIER en julio de 2016.

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