Ofrece reunirse para explicar los ajustes.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) estableció a la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez que la propuesta de cambios al plan de retiro de los jueces bajo el Plan de Ajuste de la Deuda (PA) no se van a negociar, aunque están disponibles para explicársela a la Rama Judicial cuantas veces sea necesario.

Diez días después Oronoz Rodríguez y Jaresko sostuvieron una reunión para discutir a fondo las preocupaciones.

‘Nosotros reconocemos que la independencia judicial se fortalece al reducir la inestabilidad financiera que podría enfrentar un juez cuando considera cuándo se podría retirar’, indicó Jaresko. ‘Nosotros tenemos la esperanza que esto provea alguna claridad y garantías relacionadas con la manera que se atendieron los beneficios del SRJ (bajo el pan propuesto)’, añadió la Directora Ejecutiva en un comunicado de prensa.

De no aceptar dos alternativas de recorte que propone el Plan, los jueces recibirán automáticamente un ajuste que limitará sus pensiones mensuales a $1,200.

Así se desprende de una carta que Jaresko remitió a Oronoz el viernes pasado y que responde, a su vez, a reclamaciones que la máxima representante de la judicatura le había hecho sobre que la propuesta de retiro atentaba contra la independencia judicial y mantiene a los tribunales bajo amenaza de una estampida de renuncias de jueces que optarían por cortar sus pérdidas abandonando sus puestos, en vez de completarlos bajo un nuevo escenario de beneficios de retiro.

Para Jaresko, la independencia judicial se protege, precisamente, con cada juez entendiendo cómo le aplica el recorte para que hagan su determinación. ‘[L]a independencia judicial se ayuda mediante reducir la inseguridad financiera que enfrentan los jueces al considerar si se deben retirar y cuándo. Esperamos que (esta carta) provea alguna claridad y certeza sobre el tratamiento de los beneficios de retiro (de la Judicatura)’, dijo Jaresko en la misiva.

En el documento, la JCF confiera que los cálculos están hechos con datos censales de 2016, los más recientes que dicen tener disponibles.

Especifica que el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) ya no subsidiará los beneficios de retiro que involucran pagos después de la muerte, tal como ocurre con el retiro de los jueces del Tribunal Supremo, cuyos cónyuges pueden continuar recibiendo la pensión tras enviudar.

El PA aún deberá pasar por el crisol de la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain, quien atiende la quiebra del Gobierno de Puerto Rico mediante el Título III de la Ley Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en inglés).

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Jaresko aseguró en su misiva firmada el 11 de octubre que ‘[E]n ninguna circunstancia la fórmula de reducción dejará la pensión mensual total de un jubilado por debajo del umbral de $1,200’. Ahora, si con el recorte quedara en menos de esa cantidad no estará sujeto a la reducción de beneficios. Asimismo, la Directora de la JCF aclaró que la mayoría de las dudas de la Jueza Presidenta se contestaron tomando en cuenta los jueces con un término definido para retiro, como son la mayoría, porque quienes no tienen un término definido tendrán otro trato dentro del PA.

Además, recordó Jaresko que el Plan Fiscal Certificado exige que la Legislatura prepare una medida para que los jueces y juezas de menos de 45 años entren al programa de Seguro Social y que con la Ley 106 de 2017 se crea una cuenta de inversión segregada para cada juez.

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Recalcó también la eliminación de beneficios como le bono de Navidad y verano y la contribución al Plan Médico o para medicinas. Tampoco se continuarán ajustando los salarios con la fórmula del 3% cada tres años por el aumento en el costo de vida.

Los jueces y juezas tendrán 3 opciones principales a escoger en el Plan de Ajuste:

Un recorte de 8.5% de su mensualidad de retiro o reducirlo hasta quedar en $1,200, lo que sea menor.

Un recorte de 25% más la contribución del Plan Médico que no sea menos de $1,000 para participantes sin Seguro Social o $600 para quienes sí lo reciben.

Si no escogen ninguno de los anteriores se recortará el 10% o hasta que quede en $1,200 mensual.

Para 2033 o cuando surja un superávit se remitirá un bono a los pensionados por los beneficios perdidos.

A mediados de junio, el Comité Oficial de Retirados (COR) acordó con la Junta de Control Fiscal (JCF) un recorte de hasta 8.5% al mes para todos los jubilados que reciben más de $1,200 mensuales en su pensión, incluyendo en ese cómputo los bonos de Navidad, verano y asignaciones para medicamentos. No obstante, exime del cálculo lo que reciben del Seguro Social y asegura la aportación del Gobierno para el plan de seguro médico.

El recorte entraría en vigor no más temprano del 1ro de julio de 2020 o seis meses después de que la Jueza apruebe el Plan de Ajuste. De ser aprobado, cubriría prácticamente a todos los pensionados públicos, excepto a los de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Lea la carta de Jaresko a Oronoz a continuación: