Los abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtieron a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que si la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Legislatura optan por no aprobar el acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las consecuencias superarían el costo legal incurrido por la corporación pública para defender el acuerdo.

El señalamiento lo levantó el abogado Luc Despins, representante del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC por sus siglas en inglés), quien sostuvo que la AEE sigue litigando el acuerdo 'a toda máquina' a pesar de los reportes noticiosos que apuntan a la resistencia de Vázquez Garced para apoyarlo sumado a que la Legislatura tampoco ha pasado juicio sobre el acuerdo ni aprobado la legislación necesaria para ratificar el RSA, de cara a la vista para aprobarlo en enero de 2020.

Con este panorama, Despins anticipó la postergación de la vista a la vez que apuntó que algo no cuadra mientras insistió sobre la preocupación por los costos del litigio que siguen acumulándose.

En respuesta a los planteamientos, el abogado de la Junta, Martin Bienenstock, sostuvo que ha conversado el asunto con Despins y comparten la misma preocupación respecto a los costos, dándole la razón sobre las posturas de la Gobernadora y la Legislatura sobre el RSA. Sin embargo, apuntó que han aprendido que esa es 'la forma de vida' del sistema político de Puerto Rico a la vez que advirtió que no aprobar el acuerdo afectaría toda la reestructuración de la AEE.

'Hay otras cosas que el gobierno y la Legislatura tendrán que hacer para consumir el último arreglo y si deciden no hacerlo lanzaría una llave (wrench) en los trabajos', declaró Bienenstock.

El propuesto RSA ha sido foco de denuncias por múltiples grupos que han advertido que aumentaría el costo de la tarifa energética por más de 50% a todos los consumidores. Un estudio del economista Ramón Cao apunta a que la aprobación de ese acuerdo redundaría en un desplome del Producto Nacional Bruto (PNB) y una estocada mortal al sector privado de la Isla.

Por su parte, el abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Peter Friedman, coincidió con Bienenstock en que hay factores políticos que se desenvuelven alrededor mientras se manifiesta la transformación de la corporación pública. Además, recordó que el acuerdo supone un esfuerzo conjunto entre la Junta, AAFAF y la AEE por lo que debería seguir adelante aunque aseguró que atenderán cualquier cambio que surja.

En relación al Plan de Ajuste del Gobierno central, Friedman indicó que AAFAF sigue en comunicación con la Junta y la Gobernadora, quien dio su aval al acuerdo en septiembre. La expectativa es que logren un consenso mediante negociaciones productivas en relación a la declaración de divulgación.

Durante el reporte de la JCF ante la corte, Bienenstock levantó el asunto de los fondos de recuperación y la lentitud en la obligación y desembolso de estos tanto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) como el Departamento de Vivienda federal (HUD por sus siglas en inglés), aunque recordó que la primera extendió las fechas limites para someter estimados de gastos fijos.

En ese sentido, Bienenstock indicó que a dos años del paso de los huracanes Irma y María la tardanza con la llegada de los fondos era 'inusual', precisando que de los $19,900 millones autorizados por el Congreso, solo $1,500 millones se han hecho disponible y de esos una fracción ha sido usada. Otros $8,200 millones requieren aprobación de HUD mientras que otros $10,200 millones requieren una publicación de guías en el registro federal.

Por otro lado y en cumplimiento con una orden de Swain para que se verificara la validez de los comprobantes de reclamación presentados contra el Gobierno, el abogado Bryan Rosen, también representante de la JCF y de la firma Proskauer Rose, precisó que hasta la fecha han enviado casi 100,000 cartas a quienes presentaron comprobantes de reclamo deficientes y ya han recibido algunas respuestas.

Algunas de estas deficiencias pueden incluir falta de información o documentación que compruebe la validez del reclamo. La finalidad del proceso es eliminar la consideración de miles de reclamos para someter los restantes a un procedimiento de Resolución Alternativa de Disputas, que sigue en desarrollo entre la JCF y la corte.