En la misma vista que el Presidente de la Cámara de Comercio aseguró que los trabajadores pueden vivir con el salario mínimo de $7.25 la hora, el Gobierno de Puerto Rico tambien tuvo una participación que hasta ahora no se ha discutido. ¿Su aportación al debate? Que es la Junta de Control Fiscal (JCF) la que tiene que decidir si aumentarlo o no porque un cambio en el salario mínimo afecta el Plan Fiscal Certificado.

En una ponencia enviada a la Cámara de Representantes, organismo que estudia una medida radicada por el representante Joel Franqui Atiles para aumentar el salario mínimo a $8.25, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) optó por indicar que por representar un impacto presupuestario, la medida debe estar sujeta al 'escrutinio' de la JCF.

La postura del Gobierno de Puerto Rico, en esta ocasión, se distancia de otras, en las que ha optado por intentar hacer valer sus decisiones frente al organismo establecido mediante la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles). La Administración de Ricardo Rosselló Nevares se definió en sus últimos meses por llevar varias batallas contra la JCF. Entre otras cosas, Rosselló Nevares se opuso a detener el pago del bono de Navidad a los empleados públicos y hasta a implementar un recorte a las pensiones.

Con la llegada de Wanda Vázquez Garced al Palacio de Santa Catalina la postura hacia la JCF cambió a una de total cooperación, como se sigue estableciendo en movidas formales tal y como la ponencia sobre el salario mínimo. Distante de lo que estableció Rosselló Nevares, Vázquez Garced ofreció un mensaje televisado al pueblo en el que anunció que respetaba el Plan de Ajuste de Deuda sometido por la Junta, que se establece una reducción de 8.5% a las pensiones de $1,200 mensuales o más. Su Administración, esta vez desde AAFAF, vuelve a priorizar a la JCF con el tema del aumento al salario mínimo.

'Recomendamos muy respetuosamente evaluar la posibilidad de establecer excepciones a la aplicabilidad general de salario mínimo de $8.25, a, por ejemplo, municipios como patronos. Es decir, los municipios son entidades cobijadas por PROMESA por lo que un requerimiento de aumentar el salario mínimo a sus empleados tambien estaría sujeto al escrutinio de la Junta por conllevar un impacto presupuestario', lee la ponencia que firma el subdirector ejecutivo de AAFAF, Carlos M. Yamín Rivera.

Mira la ponencia de AAFAF pulsando aquí.

Aunque la intervención de su presidente, Jose Ledesma Fuentes, en la vista desató un fuego en la pradera de la Cámara de Comercio, no fue la única entidad que compareció ni la única que rechazó o mostró serias reservas con la medida legislativa. Tambien lo hicieron el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Industriales.

'El $7.25 da para vivir en estos momentos', dice Jose Ledesma, presidente de la Cámara de Comercio a preguntas de

@manuelnatal.-- Cámara de Representantes PR (@CamaraConPR)

November 1, 2019

Mientras, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) argumentó tambien en una ponencia que existe consenso entre economistas respecto a que aumentar el salario mínimo 'tiende a reducir el empleo'. En su argumentación, MIDA indica a su vez que el aumento del salario mínimo podría provocar tambien un incremento de precios de bienes y servicios, por lo que centran su postura en la necesidad de bajar el costo de servicios como el agua y la luz.

'Antes de pensar en empeorar la situación económica del país, esta Comisión debe hacer lo propio para reducir el costo de vida y por ende, el rendimiento de los salarios', lee la ponencia.

Sin embargo, pese a lo referido, el panorama en el servicio de luz no es alentador. Todo apunta a un aumento progresivo por los próximos cinco años que elevaría el costo de a luz por 10 centavos por kilovatio hora (kwh) adicional, precio que inevitablemente pondrá una carga insostenible sobre todos los sectores económicos de la isla.

Mira la ponencia de MIDA pulsando aquí.