La gobernadora Wanda Vázquez Garced no entro en detalles sobre el propuesto proyecto que busca un aumento salarial para los jueces del país ni en cómo este beneficiaría a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón.

'Mi esposo es una persona dentro de un universo de jueces. Yo creo que aquí lo importante es que en este momento histórico en el que nos encontramos con múltiples situaciones de crisis fiscal, si la Rama Judicial puede demostrar a los legisladores que tiene los fondos, porque eso es un presupuesto distinto, no es fondo público. Así que eso le corresponde a ellos y a la Asamblea Legislativa', dijo tras ejercer su voto esta mañana en la elección especial del Partido Nuevo Progresista.

En la mañana del viernes se conoció que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, había pedido al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que sometiera un proyecto para disponer de un aumento salarial a los jueces en todos los niveles de la Rama Judicial. Oronoz hizo visitas de cabildeo al Capitolio.

La propuesta legislativa por petición, establece estos aumentos en los sueldos anuales:

(1) Juez Presidente del Tribunal Supremo de $125,000 a $183,000, un aumento de 46.4%

(2) Jueces Asociados del Tribunal Supremo de $120,000 a $173,000, un aumento de 44.17%

(3) Jueces del Tribunal de Apelaciones de $105,000 a $145,000, un aumento de 38.1%

(4) Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia de $89,600 a $120,000, un aumento de 33.9%

(5) Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $90,000, un aumento de 29.3%

Díaz Reverón, quien funge como juez en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, actualmente devenga un sueldo anual de $89,600 pero de aprobarse la medida podría ganar hasta $120,000.

La Rama Judicial argumentó que los jueces no habían tenido un aumento salarial desde hace 15 años, que disponen de los recursos en su presupuesto para hacerlo, que están experimentando un éxodo de jueces por los cambios que se avecinan en la pensión de estos y que los jueces están desprotegidos porque no cotizan para el Seguro Social.