Algunas mañanas pueden ser particulares en la cotidianidad del matrimonio Perez-Santana. En ocasiones a el le toca ir al tribunal a defenderse de un caso criminal por supuesta corrupción bajo un programa federal, y a ella le toca sentarse en La Fortaleza a asesorar sobre cómo obtener y procesar fondos federales para el Gobierno de Puerto Rico.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced recibe asesoramiento en Asuntos Federales de Janet T. Santana Frasqueri, quien fue destituida por uso indebido de fondos y tarjetas de credito mientras dirigía el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH). La mujer es cónyuge de Esteban Perez Ubieta, quien enfrenta juicio por siete cargos de corrupción en la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Entre las responsabilidades de Santana Frasqueri se encuentra asistir a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de la Gobernadora y a toda instrumentalidad del Gobierno que reciba fondos federales en asuntos relacionados con mejoras en el cumplimiento de los programas federales, asistencia en programas de financiamiento federal y gestión fiscal.

Santana Frasqueri que salió de la administración pública en el 2001 tras ser destituida por haber utilizado irregularmente fondos federales del programa Work Investment Act (WIA), tiene la encomienda de AAFAF de lograr el cumplimiento con los lineamientos del Plan Fiscal en todas las áreas que cuenten con fondos federales, así como asesorar en fondos federales y oportunidades adicionales que se puedan desarrollar en esa área, confirmó a este diario la misma Santana Frasqueri. Entre sus deberes se encuentra participar en las reuniones del Consejo Asesor de la Gobernadora que dirige la fiscal federal en destaque, Jacqueline Novas.

'Esto incluye participar del Consejo de Asuntos Federales de la Fortaleza que lidera la Lcda. Jacqueline Novas en representación de AAFAF', dijo tras defender mediante declaraciones escritas su contratación debido a sus 30 años de experiencia en consultoría sobre fondos federales.

No obstante, no dijo nada sobre los señalamientos contenidos en dos informes de la Oficina del Contralor, que precisamente le imputan mal manejo de fondos. Tampoco se pronunció sobre los cargos que pesan contra su cónyuge.

Santana Frasqueri ha acompañado a la Gobernadora desde que era Procuradora de las Mujeres, oficina en la que tuvo contratos para ofrecer consultoría administrativa. Tras convertirse en Secretaria de Justicia, Vázquez Garced tambien la reclutó para ofrecer consultoría administrativa en esa agencia.

De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, su firma J. Santana & Associates, Inc. ha tenido contratos con estas y otras agencias de gobierno desde el 2010, que suman $2.6 millones.

Además de asesorar a la gobernadora en asuntos federales a traves de AAFAF, mantiene otros contratos vigentes con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ($50,000), ADSEF (dos por $154,000 cada uno), la misma agencia en la que su esposo supuestamente cometió delitos cuando la dirigió, y el Departamento de la Familia ($150,000).

De acuerdo con la propuesta sometida por Santana Frasqueri al gobierno, esta representará a las agencias en reuniones con el gobierno federal en y fuera de Puerto Rico. Además, asistirá a las agencias y municipios en los planes de cumplimiento con los requerimientos federales para los fondos de recuperación. El acuerdo se hizo a traves de AAFAF y la firma J. Santana & Associates, Inc. Este acuerdo implica que Santana Frasqueri devengará $90,000.

El acuerdo fue firmado el pasado 2 de octubre y estará vigente hasta el 30 de junio de 2020, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Precisamente, el mismo 2 de octubre en que comenzó el contrato, el juez Rafael E. Taboas Dávila encontró causa para juicio contra Perez Ubieta por cargos relacionados con corrupción gubernamental, específicamente bajo un programa financiado con fondos federales.

Contra el exdirector de ADSEF bajo la administración de Luis Fortuño pesan tres cargos de archivo de documentos falsos, dos por falsedad ideológica y dos adicionales por intervenir indebidamente en las operaciones públicas. Perez Ubieta presuntamente benefició a dos compañías vinculadas a figuras del Partido Nueva Progresista (PNP) en la obtención de contratos para ofrecer servicios con fondos del programa federal TANF. El juicio está pautado para iniciar el próximo 30 de noviembre en la sala del juez Aldo González Quesada en el Tribunal Superior de San Juan.

Santana Frasqueri, por su parte, protagonizó una de las primeras controversias en la administración de Sila M. Calderón. Su trasfondo se remonta a la epoca de Pedro Rosselló González de quien fue asesora en fondos federales en La Fortaleza. A seis meses de culminar su segundo y último cuatrienio, Rosselló González la nombró directora ejecutiva del CDORH, una entidad adscrita al Departamento del Trabajo para manejar los fondos federales WIA.

Calderón destituyó a Santana Frasqueri en marzo de 2001 por violar una orden ejecutiva que prohibía realizar nombramientos y autorizar órdenes de compra sin autorización.

Su gestión como directora ejecutiva del Consejo le valió en febrero de 2003 señalamientos de la Oficina del Contralor por fallas administrativas y mal uso de la tarjeta de credito gubernamental, al cargar a la tarjeta $5,664 en dos viajes oficiales sin la autorización del entonces secretario de la agencia.

Tras su destitución, Santana Frasqueri demandó al gobierno alegando había sido víctima de discrimen político. La demanda no prosperó.