Los acusados en el caso de corrupción que involucra a la empresa de consultoría BDO y a exfuncionarios de la Administración Rosselló solicitaron que su juicio sea movido fuera de la jurisdicción de Puerto Rico porque sostienen que los eventos del Verano del 19 y la forma en que la fiscalía federal manejó la acusación se combinan para producir un escenario donde no podrían encontrar candidatos al jurado con capacidad de evaluar la prueba sin prejuicio.

'La Fiscalía Federal y el FBI coordinaron y realizaron una conferencia de prensa televisada de una hora en español para anunciar los cargos a pesar de la presunción de inocencia y con obvio conocimiento de que ese tipo de conferencia crearían una oleada de antipatía', señala la moción al recalcar también la simultaneidad entre la acusación y las primeras revelaciones del chat de Telegram.

El grupo de acusados el 10 de julio pasado comprende a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, el presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, el exconsultor de ASES, Alberto Velázquez Piñol y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza.

Los cargos, presentados un día después de que NotiCel publicara la existencia del chat de Telegram que incluía al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, abarcaron varios esquemas, incluyendo pago de comisión por la obtención de contratos públicos e intervención con procesos de contratación para encubrir trabajos de personas en Educación.

Según el equipo de defensa, este caso sería comparable con los de Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa y a quien se le revocó una condena de mentir a un agente porque un tribunal apelativo federal encontró que el juicio debió ser movido de jurisdicción, y el del policía involucrado en el caso del Cerro Maravilla, Rafael Moreno Morales, en donde no se pidió un cambio de jurisdicción pero el tribunal expresó que, si se pidiera, sería meritorio otorgarlo.

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Amparados en un estudio que comisionaron sobre las actitudes de los jurados potenciales tanto en Puerto Rico como en la ciudad de Boston, los abogados sostienen que la renuncia de Rosselló Nevares tras la divulgación del chat y las protestas que se conocen como el Verano del 19 provocarían que los acusados sean convictos no por la prueba en su contra sino por el deseo masivo de 'limpiar la casa' que refleja el público.

'Aún los jurados individuales que puedan evitar esas inclinaciones personales indudablemente enfrentarán la presión de las comunidades en las que viven para condenar a los acusados', sostiene la moción en la que se acompañan ejemplos de cómo la publicidad alrededor del caso no ha cesado y cómo la discusión del mismo en redes sociales va desde 'lo injusto hasta lo insensatamente agresivo y obsceno'.

Al particularizar en la marcha del 22 de julio en el Expreso Las Américas con una concurrencia estimada en hasta 1 millón de personas, los abogados argumentaron que 'es posible que la mitad de la población de la Isla tenga que ser descalificada (como candidatos al jurado) simplemente al excluir a los que asistieron a la manifestación, aún antes de preguntarles si compartían la pasión de los manifestantes aunque no hubieran participado de la protesta, si su perspectiva fue predispuesta por la protesta o si sus amigos o familiares participaron en la protesta'.

'Los acusados en este caso son asociados con ese gobernador (Rosselló Nevares) y la acusación fue uno de los factores levantados en la protesta que conllevaron en su renuncia', añaden al recordar las protestas y la agresividad que se demostró también cuando Keleher compareció al Tribunal Federal en Hato Rey tras su arresto.

El estudio que hizo el perito de la defensa, Arthur H. Patterson, sugiera que dos terceras parte de los candidatos a jurados en la Isla conocen el caso y presumen culpables a los acusados, así como que 68.8% de las personas en Puerto Rico que están familiarizadas con el caso dijeron estar 'muy' molestos con los acusados.

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