Luego del revuelo que provocó la visita de Beatriz Isabel Rosselló la pasada semana, el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, enmendó la Orden General #100, Sección 110, que rige la asignación de escoltas a ex primeras damas y sus familiares. La movida deja a Beatriz y sus hijos desprovistos de escolta tan pronto como el próximo lunes.

Esta movida surge luego de que el mismo Escalera realizara expresiones defendiendo la escolta que acompañó la ex primera dama y sus hijos en su regreso de pasadía a la isla la pasada semana. A su llegada a Puerto Rico, NotiCel constató que Beatriz fue sacada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a toda prisa, por varios escoltas de la Policía de Puerto Rico.

'En el caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121 (2009), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los exgobernadores ostentan un derecho adquirido a las escoltas. Tanto la Ley Número 20 del 10 de abril de 2017, Ley Orgánica del Departamento de Seguridad Pública, como la Orden General del Negociado de la Policía de Puerto Rico en su Capítulo 100, sección 110, suscrita el 25 de enero de 2019 proveen para que se le asignen servicios de la Oficina de Seguridad y Protección a exgobernadores en la jurisdicción de Puerto Rico. La Orden General extiende el servicio de protección al cónyuge e hijos menores de edad de un exgobernador', había defendido Escalera la pasada semana en su afán por justificar la escolta a la familia del renunciante Gobernador.

Sin embargo, el caso citado por Escalera solo se refiere a que a los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, solo a ellos, no se les podía quitar el privilegio de escolta policíaca mediante un cambio de política pública porque, cuando advinieron exgobernadores, habían adquirido el derecho a la escolta. El caso no protege el derecho de escoltas de los gobernadores futuros. Por su parte, la ley habilitadora solo dice que los gobernadores, incumbentes, no los ex, tienen derecho a la escolta mientras ejerzan su cargo y que aquellas personas que reciban protección de la Policía solo la recibirán dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.

De hecho, la escolta asignada revivió un pleito legal que ahora, busca que se elimine totalmente ese derecho a Rosselló Nevares bajo el argumento de que, la escolta es asignada a gobernadores que culminaron su término en el Palacio de Santa Catalina. Rosselló Nevares no tiene derecho a ella al haber renunciado al cargo el pasado 2 de agosto, sostiene el pleito legal.

'El comisionado Escalera encomendó esta semana un análisis a la Oficina de Seguridad y Protección tras lo cual se confirmó que ninguna ex primera dama o familiares tienen amenazas activas. Por lo tanto, se ha tomado la decisión administrativa de eliminar el servicio de protección a estos', dijo el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román.

Sus expresiones dejan claro que contrario a lo que han mencionado en varias ocasiones, ni Beatriz, ni sus hijos, mantienen amenazas activas.

Tan reciente como ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced aludió a que no podía realizar comentarios sobre la opinión legal emitida por el Departamento de Justicia en torno a las escoltas de Beatriz, porque se trataba de 'un asesoramiento legal que se realizó en naturaleza de abogado cliente'.

En una movida de transparencia, Román también relevó al Departamento de Justicia de la consideración de abogado/cliente.

'[D]urante la mañana de hoy se relevó al Departamento de Justicia de Puerto Rico de cualquier consideración o privilegio abogado/cliente para hacer público el asesoramiento que determinó que 'el servicio de protección será extensivo al cónyuge e hijos menores de edad', finaliza diciendo Román.