Todas ellas fueron emitidas por los vigilantes en el área de La Parguera.

El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) tiene querellas que ya cumplen tres años y aún permanecen sin ser atendidas en su División Legal.

En su mayoría, solicitudes de los seis vigilantes y un sargento destacados en el área de La Parguera.

Esta información surgió durante la vista pública liderada por el senador Ramón Ruiz Nieves, quien preside la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central y quien a su vez investiga los crímenes ambientales en esa región y comunidades aledañas.

Samuel Acosta, Ayudante Especial de la Secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, confirmó las fechas en que fueron emitidas las querellas desde el 2020 hasta la actualidad y que aun permanecen en el tintero.

No empece a que se informó esta preocupación ante la comisión, se emitió un periodo de tres días a partir de la fecha de hoy para que el DRNA entregue a detalle las razones por las que se emitieron las querellas y ¿cómo va el proceso de investigación?.

“Tenemos ya que conocer en que consiste la querella porque si el vigilante hizo su parte ¿Qué pasa con los demás? ¿Dónde está la acción legal?», cuestionó Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central durante vista pública.

«Significa que se acabará el cuatrienio y no sabremos que paso si estas mismas querellas llevan tres años sin trabajarse. Necesitamos un sistema ágil, un departamento que responda. Aquí hay una gama de responsabilidades en el camino”.

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Ante la duda, Acosta informó que las querellas que no tiene una fecha de caducidad establecida.

“Normalmente la División legal lleva el caso pero si no, explica las razones al vigilante por las que no se prosiguió. Posiblemente bajo deficiencias que le faltan a la querella,” indicó Ruiz Nieves.

A pesar de que la vista pública iba dirigida a la identificación de propiedades que provocaban un daño ambiental en Lajas, Acosta hizo mutis ante el sonado caso de la casa flotante de los suegros de la Comisionada Residente, Jenniffer González, a quienes le impusieron una multa ascendente a los $25 mil por violaciones en la zona de mangle en donde está enclavada.

“Yo prefiero no hablar. El caso está bajo investigación,” puntualizó la funcionaria.

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