La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en la que establece que el organismo no controló adecuadamente sus finanzas y tampoco redujo el deficit presupuestario alcanzado.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados. En la misma se indica que el Instituto realizó 10 transacciones de personal por $33,000 y aumentó el sueldo de una asistente administrativa, medidas contrarias a la Ley 66-2014 sobre la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno. El Instituto no solicitó la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para realizar estas transacciones como indica la ley.

'Estas situaciones se atribuyen a que el entonces director ejecutivo del Instituto y la Junta, entendieron que esta entidad contaba con autonomía fiscal fuera de la Rama Ejecutiva', sostiene el informe.

Particularmente, el entonces director ejecutivo del Instituto hasta febrero de este año, Mario Marazzi, fue un fiel defensor de la autonomía de este Instituto. De hecho, Marazzi fue suspendido de sus labores luego de que se radicara una denuncia en su contra por alegados actos de violencia de genero. La movida generó una serie de reacciones que hasta llevaron a Marazzi a demandar la Junta de Estadísticas tras su suspensión, cobijado específicamente, por la alegación de autonomía del Instituto. Finalmente, Marazzi renunció a su cargo en febrero de este año.

Antes de su salida, Marazzi formalizó una carta de ocho páginas a la Contraloría de Puerto Rico en la que, entre otras cosas, cuestiona los hallazgos señalados. En la misiva se indica que el Instituto tiene diferencias con la interpretación legal que OGP le da a la mencionada ley. En la línea de la alegada autonomía se señala que OGP no ha estado disponible para dilucidar las diferencias y que ante ello, 'sería imposible ejercer las funciones fiscalizadoras de Instituto si se permitiera que los fiscalizados aprobaran quienes fiscalizarán'.

'Nuestra humilde opinión es que la auditoria debería evitar allanarse a la interpretación legal de una de las partes', continúa diciendo la misiva a la vez que pide que los hallazgos relacionados a la ley sean removidos de la auditoría.

El informe suministrado indica además que el Instituto formalizó un contrato de arrendamiento por $462,348 con una compañía privada, otra vez sin haber solicitado la autorización de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble de Puerto Rico, ni a la OGP. Sin embargo, el argumento del Instituto continúa siendo el mismo, centrado en la autonomía otorgada por la Asamblea Legislativa al momento de su creación.

Aun así, el Informe recomienda a OGP que considere las situaciones comentadas en el hallazgo y tome las medidas correspondientes. Las situaciones expuestas cubren el período del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2018.

Mira la carta enviada por Marazzi pulsando aquí.