Un informe de auditoría de la Autoridad de los Puertos (AP) que cubren hasta 2018, es decir, cuando ya estaba a cargo la Administración Rosselló a través de, primero, Omar Marrero, y ahora el también secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, revela un patrón de negligencia, de mirar para el lado en las operaciones portuarias, que no solo afectaron los ingresos de la agencia sino también la fiscalización de la carga que llega a la Isla.

El informe revela que la AP emitió facturas de cobro sin validar la información sobre la cantidad y descripción de la mercancía que ofrece el naviero en el manifiesto de carga o en los manifiestos enmendados. 'Nuestros auditores detectaron que la Autoridad confía en los datos que provee el naviero', dijo la Contraloría en una declaración escrita.

Esta situación no permite ejercer un control adecuado con la facturación de los cargos por concepto de muellaje. Además, los directores ejecutivos no prepararon normas y procedimientos escritos para asegurarse de la exactitud y corrección de los cargos facturados, añade.

Además, a los auditores no se les suministró para examen documentación fiscal sobre manifiestos y overtime requests y 'ninguno de los formularios para aprobación del tiempo extraordinario de los empleados estaba firmado por el capitán de la embarcación o el agente naviero'.

La negligencia y falta de fiscalización alcanza el que hace 18 años, desde 2001, dos compañías navieras ocupan espacios de oficina en el muelle 10 de Puerta de Tierra en San Juan, sin tener contrato formalizado y sin pagar canon de arrendamiento. Además, en los muelles 9 y 10 no se toma un inventario de la mercancía almacenada en espera de ser recogida por las embarcaciones. 'Nuestros auditores observaron que la mercancía estaba desorganizada, sin protección y los alimentos, materiales y equipo electrónico a la intemperie', comenta la Contralora.

Otros hallazgos tienen el resultado de impedir el monitoreo del crédito de los clientes de la AP y velar que las cuentas no estén sobregiradas y también que, por ejemplo, desde el 2008, los estados de cuentas mensuales sólo se envían a los clientes que lo solicitan, el cobrador de la agencia no realizó las llamadas de cobro según dispone el procedimiento reglamentario, y tampoco se referían los clientes a agencias de cobro o a la división legal para desahucio.

Justo en la semana en que el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, habló de que en su agencia había una 'mafia institucional' que, entre otras cosas, borraba cuentas a cambio de dinero, el informe de la Contraloría precisa que la AP eliminó 16 cuentas declaradas incobrables de los registros de contabilidad que suman más de $1 millón. 'De una muestra de siete cuentas, nuestros auditores detectaron que el referido de éstas a la división legal para realizar el cobro, se realizó hasta 15 años más tarde. Más aún, algunas de las cuentas ya habían prescrito por lo cual la Autoridad dejó de contar con recursos económicos de $946,631, entre otros', explicó la Contralora.

Los hallazgos propician un 'ambiente para la comisión de irregularidades y otras situaciones adversas sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades'.

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