La investigación que realiza la Oficina de la Contralora sobre 'relaciones de negocios' del Municipio de San Juan sigue en desarrollo, aunque sus hallazgos ya sirvieron para un allanamiento federal hoy.

'Esa investigación está en curso por lo que la Contralora no podrá comentar los hallazgos', dijo Lisandra Rivera, portavoz de la Oficina.

Sin embargo, dicha investigación fue utilizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) como base para el allanamiento realizado hoy en la Torre Municipal de San Juan, confirmó su director, Douglas Leff.

'Estamos trabajando por un poco tiempo con la Contralora de Puerto Rico y hay información de su División que estamos utilizando para obtener esta orden', agregó Leff en entrevista radial (WAKQ).'Tiene que ver con unas alegaciones de fraude en cuanto a compras', confirmó tambien el portavoz del FBI, Carlos Osorio, a la vez que dijo que recopilarán 'muchos documentos'.Esta intervención llega tras de una demanda en el Tribunal Federal que alega un patrón de favoritismo en el área de compras de la capital para beneficiar a suplidores específicos y plantea que la administración del ayuntamiento tomó represalias contra la demandante, quien informó los hechos a la Oficina de la Contralora.

Lea: Contralora: '¿Para que yo voy a investigar si no van a hacer nada?'

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reaccionó a traves de su cuenta de Twitter a la intervención del FBI, indicando que su mandato es de total colaboración para con el allanamiento que se realiza.El pasado 11 de junio de 2017, personal de la Contraloría allanó varias oficinas del municipio en busca de documentos asociados a diversas investigaciones.

'Estamos investigando muchas relaciones de negocios en el municipio', reveló en ese momento Yesmín Valdivieso, en una entrevista radial.

Un mes más tarde, la Contralora divulgó un informe con una amonestación a la Alcaldesa luego de cuatro querellas presentadas en su contra por llevar a cabo actividades en repudio a la Junta de Control Fiscal (JCF).

De acuerdo al informe publicado por la OC, los informes emitidos por el municipio eran 'ambiguos' y con falta de claridad 'con respecto a las actividades a atenderse y a los fondos públicos autorizados'.