Casos de impericia medica se mantienen sin resolver desde el año 2007 y más de 80 quejas contra medicos siguen pendientes de vistas o informes investigativos, reveló hoy una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

En su informe, la Contralora emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Medica (Junta) del Departamento de Salud. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela deficiencias en los procesos de investigación de las quejas por conducta no profesional o impericia medica presentadas a la Junta. Para el periodo auditado, quedaban 236 casos pendiente de resolver, algunos desde el 2007; y 85 quejas pendientes de vistas investigativas e informes del oficial investigador.

La ley establece que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo debería ser resuelto en un termino de seis meses.

La auditoría de dos hallazgos señala que ni las vistas investigativas ni las vistas formales eran archivadas bajo la custodia del secretario de Salud. La grabación digital de las vistas se guardaba en una tarjeta de memoria que la secretaria legal transfería a su computadora portátil. Al finalizar el año, la funcionaria realizaba un respaldo de estos archivos en una memoria externa (usb o pendrive). Esta situación, contraria a la reglamentación vigente, no garantiza la protección ni conservación de las vistas grabadas en caso de perdida o robo de la computadora.

'Nuestros auditores identificaron que, al 31 de octubre de 2018, la Junta no había nombrado un administrador de documentos según establece el Programa de Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva adscrito al Archivo General de Puerto Rico. Esta situación, puede ocasionar que no se realicen efectivamente los procesos de planificación, control y organización del uso y conservación de los documentos públicos', dice el documento.

Este informe sale a la luz pública en momentos en que se discute la constitucionalidad de la colegiación ya que sus detractores han utilizado el argumento de que los colegios no son necesarios cuando existen juntas reguladoras como esta de los medicos. Sin embargo, de acuerdo con este informe, la junta medica es ineficiente en cuanto a la resolución de casos y otros temas.

Hace unos días, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó que todas las colegiaciones profesionales que tienen naturaleza compulsoria son inconstitucionales por violentar el derecho de libre asociación.

El Supremo, en una expresión cuya amplitud fue criticada por jueces en minoría, sostuvo que lo que dijeron en el caso de la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de abogados no se limita a esa profesión, sino que aplica a todas y que las juntas, como la que está señalada en la auditoría de la Contralora, son las que deben encargarse del procesamiento etico de los profesionales.

El informe de la Contralora incluye los resultados de la auditoría de cumplimiento de alcance específico, cubre el periodo del 1 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018.

Lea aquí el informe de la Contralora: