Los auditores de la Oficina de Contraloría de Puerto Rico (OCPR) no pudieron emitir una opinión sobre una auditoría en la cancelación de gravámenes a vehículos de motor en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Humacao porque no se les proveyó la información que solicitaron.

Según el informe emitido por la agencia, el 10 de julio de 2017 se le solicitó a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), administradores de los CESCOs en Puerto Rico, la base de dato de los gravámenes del sistema. Esa entidad tardó cerca de un mes en proveer la información a Contraloría, y al entregarla los datos 'no pudieron ser utilizados'.

'En tres ocasiones, se solicitó a la ACT que se corrigiera la base de datos. En la última entrega recibida el 5 de septiembre de 2018 no se logró validar que los datos presentados en los archivos de gravámenes concordaran con las búsquedas realizadas en el Sistema', detalla un informe de la OCPR.

Debido a esto, el informe no pudo continuar con su metodología para la selección de la muestra a realizar en el CESCO de Humacao y la elaboración del informe.

'El no poder contar con una base de datos de gravámenes, limitó a esta Oficina de examinar la corrección de las transacciones relacionadas con los gravámenes registrados por el CESCO', concluye el documento.

Puede leer el informe completo aquí