El municipio de Mayagüez no tomó las medidas administrativas suficientes para evitar y reducir los déficits acumulados en el Fondo Operacional ni consignó en sus presupuestos los déficits corrientes. El déficit de $4.4 millones registrado en el 2015 aumentó a $8.1 millones en el 2016, y a $23 millones en el 2017. Esta última cifra representaba el 32% del total del presupuesto.

La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe con opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio que reveló estas deficiencias, lo que significa que los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

La 'Sultana del oeste' tampoco consideró en los presupuestos los ingresos basados en la experiencia de cobro de años anteriores ni los ingresos certificados en la auditoría única más reciente, según requiere la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos. Por tal motivo, entre 2014 al 2017 el municipio sobreestimó los ingresos en $6.3, $13.4, $13.7 y $12.8 millones, respectivamente. Las sobreestimaciones se atribuyen a que los gerentes de Finanzas y Presupuesto, el alcalde y la Legislatura Municipal, se apartaron de las disposiciones de ley y reglamentación, y no administraron de forma eficiente las finanzas.

Por otro lado, la auditoría de cinco hallazgos señala que se efectuó un pago indebido de $51,250 a un contratista por servicios no realizados. Nuestros auditores no localizaron ni los funcionarios suministraron ningún plan de trabajo de la compañía contratada para la coordinación de un Primer Festival de Tesoros del Patrimonio Cultural de Mayagüez. Tampoco se encontró información sobre la contratación de artistas, promoción y diseños gráficos de la actividad contratada.

A su vez, Mayagüez acumuló deudas ascendentes a $12.1 millones con proveedores privados y entidades gubernamentales como Sistemas de Retiro, Hacienda, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y otros. Para pagar las deudas obtuvo tres préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por $12.1 millones con recargos de $50,247 en mayo de 2012. Además, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) le impuso $16,168 en intereses y recargos por pagar tarde el seguro de desempleo.

Asimismo, el Informe devela que el municipio gastó $672,675 en un edificio para oficinas administrativas y área de estacionamiento que no han sido utilizados. El interior de la construcción estaba deteriorado debido a las filtraciones, lo que se atribuye a la falta de planificación.

La auditoría también comenta que el municipio no ha cobrado $166,200 del arrendamiento del estacionamiento municipal ni de la Gallera la Candelaria. Además, 514 empleados han trabajado bajo la clasificación de transitorios por periodos de hasta 41 años. La ley vigente dispone que dichos nombramientos no pueden exceder el año, a excepción de las personas en proyectos especiales.

De igual modo, el Municipio tiene 33 demandas civiles pendientes de resolución por $20.4 millones por concepto de daños y perjuicios, cobro de dinero, acción civil y despido injustificado.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.