BRUSELAS - Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) concretarán hoy los criterios para medir desequilibrios macroeconómicos, como un paro excesivo o precios de vivienda no sostenibles, que permitirán imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no corrijan las desviaciones fuertes.

La imposición de este tipo de sanciones fue aprobada en octubre dentro de un nuevo paquete de medidas, que también prevé multas equivalentes al 0,2% del PIB por déficit superiores al 3% del PIB y niveles de deuda que excedan el 60% para países de la zona del euro.

La Comisión Europea ha propuesto diez indicadores: desequilibrios en el balance por cuenta corriente, posiciones netas de inversión internacional, cuotas de mercado de las exportaciones, costes nominales unitarios, tasas de intercambio efectivas, evolución del desempleo, deuda del sector privado, flujo de crédito en el sector privado, precios de la vivienda y deuda pública.

La inclusión de las multas por paro excesivo afecta en especial a países como España que se acerca a los cinco millones de parados, en concreto 4.978.300 personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que situó la tasa de desempleo en el 21,52 %.

La cumbre de la eurozona del pasado 27 de octubre concluyó, de hecho, con un llamamiento a España para que adopte reformas adicionales para impulsar el crecimiento y frenar el desempleo.

Las sanciones no serán automáticas ni inmediatas, en cualquier caso, ya que sólo llegarán a imponerse cuando el país afectado no atienda a los diferentes avisos previstos en el procedimiento, que puede extenderse hasta un año y medio.

Los ministros también se concentrarán mañana en concretar los términos de la recapitalización a la banca sistémica europea, acordada en la cumbre del 26 de octubre para elevar el ratio de capital de máxima calidad hasta el 9% antes de julio de 2012, lo que obligaría a las entidades europeas a buscar más de 106.000 millones de euros.

Los Veintisiete discutirán asimismo sobre la propuesta de la Comisión Europea de imponer una tasa a las transacciones financieras, a la que se oponen países como Reino Unido y Suecia, lo que dificulta su aprobación.

La medida sumó apoyos en la cumbre del G20 de la semana pasada, pero aún no cuenta con el beneplácito de algunas de las grandes potencias para convertirse en una medida global.