El presidente entrante de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, radicó el miercoles un paquete de medidas, que incluyen una investigación a la implantación de la Ley de Cierre, para saber si se han generado los empleos contemplados y determinar el impacto que ha tenido en los salarios de los empleados de los comercios a los cuales les aplica dicho estatuto.

Además, propuso un análisis al proceso de privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Perelló Borrás ha reiterado su objeción al proceso de privatización y ha consignado públicamente que 'es una mala transacción para el pueblo de Puerto Rico'.

El representante que juramentará como líder cameral el lunes 14 de enero, presentó un proyecto que enmienda la 'Ley de Municipios Autónomos', para agregar un capítulo que se denominará como 'Regiones Autónomas'.

En el área de seguridad, Perelló Borrás radicó la medida que restablece la creación de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo y la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales en la estructura de la Uniformada.

Además, presentó el proyecto que enmienda el 'Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales', para establecer que la flota vehicular, aérea y marítima de la Uniformada, recaiga su titularidad en la propia agencia.

También, radicó legislación para extender los beneficios del pago de 12 mensualidades al cónyuge supérstite, o en su ausencia a los dependientes del policía fallecido, por muerte natural o accidente no relacionado a su trabajo, siempre y cuando el mismo no tuviera querellas graves pendientes, (P. C. 0011).

A su vez, presentó enmiendas a la 'Ley de Armas de 2000', para requerir la presentación de un certificado médico como requisito para obtener una licencia de armas y para reconocer estatutariamente la facultad de la Uniformada de solicitar una evaluación psicológica del peticionario o del concesionario, para asegurar que el tenedor de armas de fuego está en condiciones físicas y mentales adecuadas.

Además, redactó la legislación que decreta un 'Estado de Emergencia Social en Puerto Rico' y ordena al Departamento de la Familia a crear un 'Consejo Especial para Atender la Crisis Social en Puerto Rico'.

Con estas piezas, el representante por acumulación inicia lo que ha denominado su agenda de transformación, social y económica para Puerto Rico.