En su afán por mantener el acuerdo de alianza público-privada que gestó el pasado gobernador, Luis Fortuño, para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), la nueva administración de Alejandro García Padilla dejó perder la oportunidad de reevaluar y hasta salirse de un negocio en el cual se ha incumplido con una de sus disposiciones más importantes: la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

De acuerdo a la Sección 2.2 del contrato de arrendamiento entre el gobierno local y el consorcio liderado por el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), la transacción debe ser cerrada en un término de 180 días, a partir de la fecha en que se presentó la oferta para establecer el acuerdo de alianza público-privada.

Según los recibos notarizados, la oferta ganadora fue presentada el 16 de julio de 2012, por lo que el período de los 180 días expiró el sábado pasado, 12 de enero, mismo día en que, en horas de la noche, la Autoridad de Puertos (AP) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunciaron la concesión de una extensión de 45 días al contrato con ASUR.

En el inciso c de la Sección 2.4 del contrato se establece claramente que se deben seguir los términos y directrices para completar el cierre del acuerdo, a excepción de aquellas instancias que no incluyan 'todas las Autorizaciones materiales necesarias, aprobaciones y certificaciones con respecto al Acuerdo y la Transacción y la operación del Arrendatario de la facilidad aeroportuaria del LMM, tal y como está contemplado y acorde con lo establecido por las Autoridades Gubernamentales'.

Acto seguido, el contrato expresa claramente que los documentos de aprobación y exención otorgados por la FAA figuran entre los requisitos más importantes que deben cumplirse antes de proceder a cerrar la transacción.

Ya la FAA adelantó que no será hasta febrero cuando tome la determinación final en torno a la aprobación del acuerdo entre el gobierno local y ASUR.

Aunque la decisión de extender el período fue tomada unilateralmente por la AP y el BGF, el contrato original entre el gobierno puertorriqueño y el consorcio privado no ha sido enmendado, por lo que la regla de los 180 días continúa vigente.

De manera que la mencionada extensión, sólo constituye una decisión de deferencia del gobierno local.

Ante ese escenario, la administración de Alejandro García Padilla se autolimitó en su oportunidad de reevaluar el acuerdo y salirse – si así lo desea – sin tener que pagar alguna penalidad por la ruptura de contrato.

El diario El Vocero reveló la semana pasada que los socios financieros del consorcio ASUR, Highstar Capital, tienen como cabildero al ex candidato popular a la comisaría residente, Roberto Prats.