De no concretarse un acuerdo a nivel del Congreso de los Estados Unido, el 1ero de marzo entrarían en vigor los recortes automáticos en fondos federales y al parecer, Puerto Rico no tiene un plan alternativo para lidiar con la perdida millonaria de asignaciones presupuestarias a programas relacionados a áreas de interes social como educación, vivienda, transportación, entre otros.

Peor aún, tales recortes podrían representar el fin de algunos programas sociales que sirven a distintos sectores que no cuentan con la capacidad adquisitiva para pagar por servicios relacionados al cuidado de salud y la educación en distintos niveles.

Los anunciados recortes se remontan a agosto 2011, cuando el Congreso federal aprobó la Ley de Control Presupuestario, estatuto que aspira a reducir el déficit presupuestario estadounidense 'en por lo menos $1,500,000,000,000 durante los años fiscales del 2012 al 2021.'

Aunque en días recientes el presidente Barack Obama le solicitó al Congreso que buscara alternativas para evitar los recortes automáticos pautados para comenzar en pocas semanas, el fracaso del denominado 'Súper Comité' en lograr acuerdos alternativos al ya casi inevitable escenario presupuestario del 1ero de marzo, deja en un abismo a aquellas economías locales que por décadas han fallado en términos de su eficiencia para generar sus propios ingresos.

En el caso de Puerto Rico, el panorama no luce nada de alentador y pone nuevamente al descubierto la quiebra del Estado Libre Asociado (ELA) y su denominada autonomía fiscal.

Si bien ciertos programas de asistencia social tales como el Seguro Social, Veteranos, Medicaid, CHIP, desempleo, TANF, cupones de alimento, entre otros, están exentos de estos recortes automáticos, otras agencias gubernamentales claves en Puerto Rico podrían verse obligadas a desmantelar algunos de sus servicios.

'Teniendo claro que los programas de asistencia social están exentos, es necesario analizar si habrá un efecto en los servicios que el gobierno ofrece a la población. Los componentes principales del gasto discrecional son: educación, entrenamiento, empleo y servicios sociales ($92 billones., 16%); transportación ($85 billones., 11%); vivienda ($63 billones., 11%); veteranos ($57 billones., 10%); y programas de salud (investigación, salud pública, NIH) ($55 billones., 10%). Esto quiere decir que ese recorte de $55 billones., en su mayoría en gasto discrecional, afectará principalmente esas áreas', explicó a NotiCel la investigadora y actual directora del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, Indira Luciano.

Pero, cuáles serían las consecuencias de estos recortes en el contexto de Puerto Rico?

Primeramente se experimentaría una reducción drástica del dinero que alimenta al Fondo General del Gobierno del ELA.

Ante ese panorama, Luciano identifica varias posibles medidas que el gobierno local podría tomar, tanto a corto plazo, como a largo plazo.

Sin embargo, tales gestiones deberán hacerse con la mayor cautela posible para evitar afectar aún más el atribulado bolsillo del puertorriqueño y la calidad de los servicios sociales hacia los sectores más desventajados de la población.

'Las vías para compensar esa disminución serían: aumento de impuestos existentes, el establecimiento de impuestos nuevos, disminución de subsidios y tomar prestado. Todas estas posibilidades afectarían los ingresos de la población de manera negativa, lo cual habría que estudiar a mayor profundidad una vez se tenga mayor información de la cantidad del corte en los fondos federales', indicó la académica de la UPR.

'Más hacia el largo plazo, y dado el hecho de que estos cortes serán vigentes por un período de casi nueve años (2013-2021), el gobierno podría efectuar una redistribución del gasto para ajustarlo a las necesidades una vez entren en vigor los recortes de fondos federales', añadió Luciano en declaraciones a este medio digital.

Ante el potencial desmantelamiento de varios programas de asistencia social, las personas más afectadas se verán obligadas a buscar vías alternas para obtener estos servicios.

'Otro posible efecto es en la prestación de los servicios de vivienda, transportación y educación. Se podría experimentar una disminución de dichos servicios o en su calidad, lo cual afectaría directamente a la población que disfruta de estos. La parte de la población que utiliza estos servicios se vería obligada a buscar maneras alternas de satisfacer esas necesidades u otras fuentes de ingreso', acotó la investigadora en temas económicos.

Tal gestión, no obstante, podría ser inviable para algunas familias, si se toma en cuenta el aumento en el costo de vida, la carencia de buenos empleos con beneficios y la visión cada vez más corporativa en los renglones de la salud, educación, vivienda, entre otros.

Asimismo, la profesora Luciano alertó sobre el efecto multiplicador que podrían tener los recortes discrecionales en educación y salud sobre el propio funcionamiento de la UPR y otras instituciones académicas que operan en la Isla.

De acuerdo a la economista, estos recortes automáticos podrían detener las asignaciones destinadas para la investigación académica.

Por ende, dice Luciano, la pérdida de fondos destinados a la investigación y las universidades limita aún más la capacidad productiva de la economía del país, incluyendo la posibilidad de crear fuentes de empleo local.

'La academia también podría afectarse por la posible disminución en fondos destinados a la investigación en temas de salud, ya que se menciona que un 10% de los cortes en el gasto discrecional estará dirigido a la investigación, la salud pública, y NIH (National Institutes of Health). Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico recibe fondos de investigación de la NIH, sin perder de vista que ya se han afectado los fondos recibidos por la NSF', puntualizó Luciano.