El Departamento de Hacienda está en la necesidad de incrementar sus recaudos no solamente para solventar el deficit del Gobierno, sino para atender el problema de los Sistemas de Retiro.

Las agencias acreditadoras le han hecho varias advertencias al Gobierno de que irán tras el credito de Puerto Rico sino acaban de atender el problema, el más reciente fue el aviso de ayer de Fitch.

Mientras tanto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, se ha comenzado una investigación sobre la administración del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y su pobre captación.

Algunos economistas han planteado que se debe aumentar la tasa contributiva del IVU y destinar parte de esos fondos a Retiro u otras obligaciones del Gobierno. Al momento, la mayor parte de los recaudos del IVU están destinados para el pago de los bonos de COFINA.

Otros, como el economista Ramón Cao, entienden que aunque por un lado, si se incrementa el IVU esto aumentaría los recaudos de Hacienda, no es la opción más recomendable para allegar fondos adicionales al fisco.

Entonces la pregunta obligada es, cómo se aumentan los recaudos del IVU sin incrementar su tasa contributiva, considerando que la evasión ronda el 40%?

Cao apuntó que para que el Departamento de Hacienda aumente los recaudos del IVU, debería ampliar su base contributiva al eliminar ciertos grupos exentos. Este explicó que una de la exenciones que se pudiera eliminar es la de los productos de alimentos procesados.

Aunque sostiene que esto allegaría al fisco sobre $100 millones adicionales, aquilató el argumento de que esta movida agravaría el problema de inequidad o regresividad del impuesto.

En esa línea, expuso que como otros renglones de consumo, las personas pobres y los pensionados tienen más comprometido sus ingresos en la compra de alimentos, pero también la canasta de alimento que adquiere esa familia sería distinta a una familia con mayor poder adquisitivo, precisamente por la falta de recursos económicos.

Una alternativa que propuso para compensar este problema de inequidad es el revisar los créditos contributivos a los pensionados y los créditos del trabajo.

De eliminarse todas las exenciones del IVU, Cao estimó que son $3,500 millones, pero en algunos renglones como la salud y la educación, significaría un costo social, lo que dice la Legislatura y el Ejecutivo que tienen que evaluar si se corren este riesgo.

A preguntas de Rafael 'Tatito' Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, de que si se aumenta la base que paga IVU, se pudiera reducir la tasa contributiva del impuesto, que actualmente ronda el 7%, Cao dejó claro que aunque es una posibilidad, hay que ser cauteloso en su reducción, pues principalmente los recaudos del IVU están destinados para el pago de los bonos de COFINA.

En otros aspectos, pese a que Cao establece que algunos comerciantes lo han utilizado para su bien personal, el certificado de reventa a la hora de adquirir productos mediante compras a mayoristas, tuvo sus reparos sobre sus resultados si se elimina.

Sobre la posible eliminación de los certificados de reventas expedido a los comerciantes, indicó que bajo el modelo del IVU no se traduciría en mayores recaudos para Hacienda. Sin embargo, destaca que el panorama sería distinto si en vez del IVU hubiera un Impuesto al Valor Añadido (IVA).

Hay que recordar que la estructura del IVA pone tanto a manufactureros, mayoristas y minoristas en la misma ecuación. Es decir, cada uno es un jugador y le conviene fiscalizar el pago del impuesto, lo que luego Hacienda puede corroborar con el recibo que se expide al consumidor al adquirir el producto.

Múltiples economistas han resaltado que el IVA es un impuesto más eficaz en su fiscalización, pero tiene un problema de regresividad o desigualdad social al igual que el IVU.

Cao resaltó las bondades del IVA, pero puntualizó que su implantación es un 'llanto por un infante prometedor, pero natimuerto'.

De manera práctica, dijo que alguna medidas paliativas o 'parchos' que Hacienda pudiera implementar para aumentar sus recaudos, màs allá del IVU, es revisando los incentivos contributivos vigentes, donde planteó que no todos generan la inversión ni la generación de nuevos empleos que se espera.

De acuerdo al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, esto recae por una deficiencia de Hacienda en la fiscalización de que estos incentivos están dando el rendimiento esperado.

Por otra parte, Cao mencionó que se deben evaluar los tratos preferenciales por los ingresos pasivos.

Y habló de que Hacienda preste atención a la industria de las tragamonedas, de manera que se expidan licencias a las que no estén registradas, y se implante algún tipo de carga tributaria sobre las jugadas o los premios, como ocurre en los casinos. De igual forma, entiende que se deben establecer regulaciones sobre la ubicación para usar estas máquinas.

Otra propuesta paliativa es que se aumente el arbitrio sobre la gasolina, lo que pudiera permitir que se alleguen ingresos adicionales a la Autoridad de Carreteras y Transportación. No obstante, hizo la salvedad que es una idea que habría que estudiar con cuidado porque podría incrementar el costo de otros productos, como los alimentos.

Tras este panorama insistió que ya es hora de escapar 'de la lógica del parcho, que ha guiado la legislación tributaria. Se debe reestructurar el sistema impositivo puertorriqueño, de suerte que se diseñe un sistema tributario integral, con objetivos coherentes definidos e instrumentos acordes. Se debe aspirar a un sistema que los contribuyentes consideren justo y razonable. Es necesario simplificar el sistema, para que las personas lo puedan entender, evitar arbitrariedades del Departamento de Hacienda y eliminar las incongruencias', dijo Cao.

* Actualizada