Otro grupos profesionales y sectores empresariales se han unido al coro de voces que han reprobado las propuestas eliminaciones de exenciones al Impuesto a la Venta y Uso (IVU), y aseguran que el ciudadano de a pie es quien va a pagar estos cambios.

Uno de los grupos es la Asociación de Productos de Puerto Rico, que parece que no quedaron convencidos de lo que les dijo la semana pasada García Padilla durante su Convención, ya que sostienen que con estas enmiendas se esta poniendo en riesgo a los productores de bienes y servicios locales.

'La eliminación de la exención para compras de negocio a negocio supone un fuerte golpe al empresario puertorriqueño, particularmente las PYMES que no tendrán otra opción que transferirlo al consumidor. Si impactas las finanzas en su operación diaria de nada sirve poder reclamarlo luego, cuando ya has tenido que financiarlo de tu bolsillo diario', señaló Manuel Cidre, presidente de la Asociación.

Al mismo tiempo que agregó que 'lejos de propiciar un ambiente estimulante para desarrollar la manufactura de bienes y los servicios netamente puertorriqueños, se le está asestando un duro golpe a su

desarrollo. Sabemos que el Gobierno necesita allegar fondos al fisco con urgencia pero entendemos que debe fortalecerse la captación antes de considerar nuevos impuestos'.

Cidre determinó que con los nuevos impuestos se hace más difícil el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos en Puerto Rico.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Puerto Rico también manifestó sus objeciones con las eliminaciones de exenciones del IVU.

El arquitecto Pablo Figueroa, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, expuso que 'aunque todos estamos conscientes que Puerto Rico está enfrentando una situación financiera sumamente precaria, la Cámara entiende que meramente aumentar las contribuciones a todos los sectores de Puerto Rico no es la solución adecuada. En enumeradas ocasiones, la Cámara ha recomendado que la mejor manera para mejorar la situación fiscal del país es a través de inversiones en recursos humanos y tecnología para mejorar la captación del IVU y atacar la evasión contributiva'.

La Cámara coincidió con Cidre que es perjudicial la eliminación de las exenciones de servicios y productos entre negocios, ya que aumenta los costos operacionales, lo que tiene un efecto tipo cascada en los precios.

Mientras, el Capítulo de Puerto Rico y del Caribe del Apprasial Institute

(AIPRC, por sus siglas en inglés), le cursó una carta al senador José Nadal Power, expresando su preocupación con los cambios.

Enrique Casado, presidente del AIPRC, expresó en la misiva que 'a tono con las normas federales que regulan nuestra práctica, de cobrarse un impuesto (IVU) a los servicios profesionales prestados por los tasadores, se le estaría imponiendo dicho impuesto directamente a la banca, al gobierno local y/o al federal, ya que estas entidades son la parte contratante con el tasador, y no el propietario de la vivienda o negocio a ser tasado'.

Casado planteö que estos costos de tasación serán pasados por la banca a los consumidores como parte de los gastos de cierre.