Las universidades privadas, aliadas mediante la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP), ya han comenzado a tomar medidas ante la posible ampliación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los materiales y servicios academicos, lo que alegan afectará a la inmensa cantidad de sus estudiantes que provienen de escuelas públicas.

El grupo alertó que el Departamento de Hacienda está subestimando el impacto que la ampliación del IVU tendrá, y subrayó que ampliar el IVU a instituciones privadas tiene un efecto sobre los estudiantes de menor ingreso porque son los estudiantes procedentes de escuela pública, no de privadas, los que componen el grueso del estudiantado de las universidades privadas.

En entrevista con NotiCel, el Presidente del Comité de Legislación de la ACUP, Manuel Fernós, dijo que si el gobierno aprueba la ampliación del IVU sobre los materiales y servicios académicos, la gerencia administrativa de las universidades privadas se verá obligada a recortar la calidad del servicio al estudiante o pasarle el costo al estudiante en la matrícula.

'Es inevitable porque estamos viviendo desde hace un año una situación de estrechez económica debido a cambios que hubo en beca Pell federal que ha afectado retención estudiantil', sostuvo Fernós, también presidente de la Universidad Interamericana, a la vez que detalló el impacto que tendría un aumento en el estudiante.

'El imponer el IVU a las universidades donde están los estudiantes de menos ingresos es una paradoja porque se ha dicho que el IVU lo deben pagar las personas que más tienen. La realidad de Puerto Rico es que en la universidad del estado sólo el 40% proviene de escuela pública, mientras que en la Interamericana el 75% proviene de escuela pública', explicó Fernós.

El licenciado afirmó que un aumento en la matrícula dejaría a los estudiantes beneficiarios de la beca Pell con muy poco dinero para comprar comida, libros y gastos de transportación. Por otro lado, si la administración universitaria opta por reducir gastos en servicio, no se asignaría dinero para renovar los laboratorios o para equipar los salones con la tecnología adecuada, así como para la compra de libros para la biblioteca y librería.

La postura de ACUP es que el nivel socioeconómico de los estudiantes de universidades privadas (sin fines de lucro), es más bajo que la universidad del estado, por lo que sería una injusticia quitarles ese dinero a sus estudiantes para aumentarle el presupuesto a la universidad pública, que actualmente recibe en $1,000 millones anuales.

'Ya el presupuesto de nosotros está al hueso. Nuestro presupuesto de ingreso y gasto es de $253 millones para 44,000 estudiantes. Lo mismo que ganamos, gastamos', comentó Fernós, al agregar que desde hace tres años han tomado medidas de austeridad serias como la congelación de plazas y de todo aumento salarial.

El presidente abundó que el impacto de la ampliación del IVU en la Universidad Interamericana lo han estimado en $4.5 millones anuales, mientras que el Sistema Ana G. Méndez tendría un impacto de $2.5 millones anuales. El análisis se hizo de acuerdo al presupuesto de ambas universidades, y contrasta con los números que había presentado el Departamento de Hacienda.

'Hay una subestimación en los cálculos del Departamento de Hacienda. Ellos han dicho que el impacto sería de $6.3 millones, pero sabemos que será mucho mayor. Nada más con esas dos universidades se sobrepasa la estimación de Hacienda, sin contar todas las demás universidades privadas', abundó Fernós.

Actualmente, el costo por crédito de la Universidad Interamericana está en $170 y en el Sistema Ana G. Méndez en $185, aunque ya el presidente de ésta última anunció un aumento de $10 por crédito como medida preventiva al impuesto.

Dispuestos a pagar más

El presidente de la Interamericana dijo - sin embargo - que las universidades privadas están dispuestas a asumir el costo de una ampliación del IVU sobre las operaciones administrativas, lo que representaría alrededor de unos $2.6 millones para cada universidad.

'No estamos diciendo que nos eximan. Estamos dispuestos a hacer sacrificio en todas operaciones administrativas, como por ejemplo el escritorio del presidente, pero lo académico o servicios educativos es irrazonable tomando en consideración el tipo de estudiantes que tenemos del nivel socioeconómico', comentó Fernós.

Sus cálculos le indican que una ampliación de este tipo representaría unos $2.6 millones, a diferencia de la ampliación del IVU para incluir todo material académico e instructivo que representaría $1.6 millones.

El grupo sostuvo varias reuniones con miembros de la legislatura en las pasadas semanas, pero aún esperan el anuncio final de las medidas que se tomarán para cuadrar el presupuesto.