La Cámara de Representantes inició el martes vistas públicas para atender la Resolución 314 que ordenaría una investigación exhaustiva sobre el impacto que tendría en Puerto Rico el aumento del salario mínimo.

A esos efectos, la Comisión de Asuntos Laborales y de Sistemas de Retiro, presidida por Jesús Santa Rodríguez, recibió la ponencia del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, representado por la licenciada Damaris Méndez.

El legislador explicó que nuestro estado actual de derecho se rige por la Ley 180 de 1998, que reitera el principio que impone de forma estatutaria la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al establecer que el salario mínimo federal aplique automáticamente y de forma inmediata a los trabajadores locales cobijados por la Fair Labor Standards Act, FLSA. Cabe destacar que la FLSA regula que cada estado pueda legislar y establecer el salario mínimo que mejor se ajuste a su realidad económica local.

'Entendemos que el salario mínimo federal aumentará en su momento, a juzgar por las recientes expresiones del presidente Barack Obama en el discurso del Estado de la Unión del 12 de febrero de 2013, que ya ha manifestado favorecer tal aumento, de 7.25 a 9 dólares por hora. Es nuestra responsabilidad iniciar la discusión en torno a la posibilidad de que dicho incremento salarial entre en vigor y cuál sería el impacto, tanto para los empleados, como para el gobierno, la empresa y el comercio puertorriqueño', señaló Santa.

El Departamento del Trabajo en su ponencia se refirió a la Orden Ejecutiva 2013-034, que propone la creación de un Comité Permanente que evalúe el posible aumento, 'para fomentar el desarrollo económico y conservar la paz industrial, la estabilidad de las relaciones obrero patronales y la adecuada distribución de los recursos'.

Dicho comité operaría bajo la dirección del Secretario del Trabajo y estaría compuesto por representantes de los sectores empresarial, laboral y gubernamental.

De acuerdo con Santa Rodríguez, la Comisión tomará en consideración las necesidades de los empleados, el costo de vida y otras variables económicas, incluyendo estudios locales y nacionales, así como las condiciones económicas de la industria, el gobierno estatal y los municipios -muchos de los cuales están en precariedad fiscal-, de manera que se evite una reducción sustancial del empleo en estos sectores y su posible efecto en la economía.

Para ello, la Comisión auscultará también las recomendaciones del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración Recursos Humanos (OCALARH).