La Secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, y el Presidente Interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Jose V. Pagán Beauchamp, anunciaron la radicación de un proyecto de ley para enmendar la Ley 91-2006 ('Ley del Fondo de Interes Apremiante') que permitirá expandir la capacidad de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante de Puerto Rico (COFINA) para emitir bonos. La enmienda va dirigida a aumentar de 2.75% a 3.50% el porcentaje del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) destinado a COFINA. El gobierno considera que COFINA es un mecanismo de financiamiento más costo efectivo.

'Puerto Rico necesita moverse con rapidez en la ruta del crecimiento económico y de creación de empleos y para esto es indispensable que cuente con un BGF sólido y estable. Con estos cambios a la Ley, damos un paso importante en esa dirección y así logramos la inyección de capital necesaria para que el gobierno pueda ofrecer los servicios que merecen los puertorriqueños y al mismo tiempo lleve a cabo la obra de infraestructura que sirva de base al desarrollo económico de nuestro País', dijo Acosta Febo.

La Secretaria explicó además que el ELA necesita refinanciar aproximadamente $1,223 millones en deudas incurridas por la pasada administración y financiar otros $820 millones relacionados al presupuesto del año fiscal 2014. En el caso de las deudas incurridas antes del 2014, algunas de ellas se encuentran en los libros del BGF, restándole liquidez al mismo. 'Para que el Fondo General pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones presupuestarias y se pueda financiar la obra nueva de esta Administración, queremos utilizar nuestro mejor y más económico mecanismo de financiamiento. La emisión de bonos de COFINA representa la alternativa a corto plazo más viable y económica, particularmente comparada con la opción de emitir deuda con de Obligaciones Generales del ELA', indicó.

Por su parte, Pagán Beauchamp señaló que, desde su creación en el 2006, los bonos emitidos por COFINA han sido la fuente de financiamiento más costo-efectiva del Gobierno, ya que como su pago está respaldado por los recaudos del impuesto sobre ventas y uso, una fuente de ingreso consistente y confiable, gozan de una clasificación crediticia más alta que los bonos de obligación general (GO).

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