Como secuela del caso de fraude que surgió de sus propias entrañas, la Oficina de la Administración del Seguro Social de Puerto Rico decidió mudar sus operaciones de revisión de reclamaciones a la ciudad de Baltimore.

Simultáneamente, la agencia federal montó una unidad en San Juan para apoyar cualquier investigación sobre otros casos de fraude.

La información fue divulgada por el periódico semanal de negocios en inglés Caribbean Business y se relaciona al reciente arresto de un empleado de la Administración del Seguro Social y otros tres beneficiarios que con la ayuda de tres médicos se alega que ocasionaron pérdidas millonarias al reclamar beneficios por incapacidad ocupacional sin ameritarlo.

El artículo menciona que la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social comenzó a investigar la posibilidad de la práctica generalizada de fraudes por reclamaciones por incapacidad laboral en el año 2011.

Según la publicación, alrededor de 185,000 residentes de la Isla han reclamado beneficios del Seguro Social por incapacidad mientras que nueve de los principales diez códigos postales de los beneficiarios están asignados a Puerto Rico.

Además, según el semanario, los trabajadores puertorriqueños pueden reclamar derechos por incapacidad bajo las leyes de la Isla, donde las cifras del Departamento del Trabajo reporta que hay 265,000 que alegan que no pueden trabajar debido a alguna condición de salud, lo que representa poco más de una cuarta parte de la población apta para trabajar, que es de un millón, según las cifras de julio.

Esto es sin contar con aproximadamente 40,000 casos reportados anualmente al Fondo del Seguro del Estado por lesiones incapacitantes relacionadas a accidentes o condiciones laborales.