El porcentaje de hogares en Puerto Rico que reciben asistencia pública está por encima del porcentaje a nivel de todo Estados Unidos; pero contrario al mito general, quienes reciben asistencia del Estado no son personas vagas, que no quieren trabajar. Del total de beneficiarios, hay una cantidad creciente de trabajadores, así como quienes forman parte de la economía subterránea haciendo chiripas para poder subsistir.

El 5.9% de los hogares en Puerto Rico, o lo que es igual a casi 75 mil familias, son participantes del Programa de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), en comparación con el 2.9% a nivel de todo Estados Unidos. Los datos más recientes del Censo, publicados este mes con información de 2012 y 2011, demuestran que Puerto Rico ubica entre los 15 estados y territorios de Estados Unidos con la mayor cantidad de familias que reciben asistencia pública. En porcentaje, Puerto Rico es el segundo más alto, superado únicamente por Alaska.

Los datos del Censo no incluyen a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que brinda beneficios a 670 mil familias, lo que representa más de un millón de participantes o alrededor de un 30% de la población puertorriqueña, según cifras oficiales.

Entre la población beneficiaria del PAN, los grupos de mayor crecimiento han sido las personas mayores de 65 años, y los trabajadores. Entre los trabajadores, destaca el 65% que reporta ingresos por salario a jornal y el 29% que tiene negocio propio. A diciembre de 2013, el 23% de las familias que recibieron PAN eran trabajadoras.

La Administradora de DesarrolloSocioeconómicode la Familia (Adsef), Marta ElsaFernández, descartó que una persona que reciba asistencia del Estado gane igual que un asalariado, pues lo que reciben no es suficiente para subsistir. El promedio bajo el PAN son 102 dólares mensuales, según cifras oficiales. Esto supone 3.35 dólares diarios para la compra de alimentos. El promedio del TANF bajo la categoría de persona envejeciente son 64 dólares mensuales. 'Es una ayuda complementaria, una persona no puede llenar el 100% de su necesidad con esto', expuso.

El problema que dificulta la inserción de estas personas en el campo laboral está relacionado a la estructura del mercado de trabajo: 'no es que no quieran trabajar', afirmó el economista Joaquín Villamil, sino que no hay disponibilidad de trabajo o no cuentan con las cualificaciones para el trabajo que hay disponible.

'Puerto Rico ha perdido la movilidad social, tú naces pobre y te quedas pobre', mencionó. Los jóvenes que rompen ese patrón son usualmente quienes ven los estudios como un método de superación; pero el sistema de educación del país no es el mejor ejemplo de redención. El también presidente de Estudios Técnicos destacó que al examinar la distribución de desocupación, el grueso son personas que tienen menos de escuela secundaria. 'El problema central no es el costo de energía eléctrica, ni el costo del agua. Es la educación', lamentó.

A eso se añade que no hay el estímulo necesario para ingresar a la fuerza laboral: los gastos en los que tienen que incurrir las personas trabajadoras son más que el ingreso que reciben bajo el salario mínimo, por lo que el Censo les cataloga por debajo del nivel de pobreza.

Una mujer soltera, por ejemplo, con dos hijos, que recibe PAN, WIC y otros beneficios quizás quiera ir a trabajar, pero tiene que pagar transportación, comprarse ropa profesional, poner a los niños en cuido y hacer una serie de gastos para los cuales no tiene el presupuesto.

La solución no es tan simple como aumentar el salario mínimo, plantea Villamil. Ese remedio puede resultar beneficioso para algunos y detrimental para otros. Aumentaría, por ejemplo, el costo de las pequeñas y medianas empresas, lo que dificultaría que las personas que no están empleadas obtengan un empleo. En Puerto Rico, una cuarta parte de la población trabajadora recibe el salario mínimo, mientras que en Estados Unidos son poco más del diez por ciento. 'Tendría un efecto dominó', afirmó Villamil.

La ruta que ha tomado el Gobierno para reducir la dependencia ha sido a través de medidas que permitan que los beneficiarios del PAN puedan seguir recibiendo la asistencia mientras trabajan en la agricultura, sin que se les castigue por ingresar a la fuerza laboral. 'Hay que desarrollar políticas de incentivo al empleo', reconoció Fernández, al mencionar también los programas de micro empresarismo.

La visión de Adsef bajo esta administración es la de promover la autosuficiencia. El remedio al asistencialismo no está, según Fernández, en quitar el beneficio o en ponerle condiciones a las personas que lo reciben, como sugiere la opinión pública. El Estado no puede claudicar en el deber de garantizar el derecho básico a alimentos. Una alternativa que lo contemple tan solo demuestra 'los prejuicios contra la población pobre en nuestro país', afirmó.

Aunque los programas asistencialistas se establecieron como un método para la reducción de la pobreza, no han sido efectivos en lograr ese acometido, pues la pobreza ha aumentado. La cantidad de beneficiarios del Estado también ha incrementado. 'La visión asistencialista es que prevalezca la pobreza', sentenció Fernández, 'hay que superar la idea del asistencialismo por la idea del empoderamiento y la autosuficiencia', comentó.

Reducir la pobreza y el asistencialismo no es tarea fácil, reconoció Villamil. La sugerencia es promover un modelo económico social, que otros han denominado economía solidaria, que crezca de forma paralela a la economía de empresas de alta tecnología. 'Se trata de impulsar el crecimiento de empresas medianas y pequeñas, que son más extensivas en mano de obra', explicó Villamil, al recordar que 'una clase empresarial estable beneficia al clima social'.

*Historia publicada originalmente a las 7:10 a.m.