La principal oficial de Finanzas Públicas y presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, admitió que todavía la Rama Ejecutiva no ha decidido si a traves del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se compensarán los fondos del Impuesto a la Venta y Uso ( IVU ) que se destinan a los municipios una vez se implemente la Reforma Contributiva.

En entrevista con NotiCel, tras las preocupaciones esbozadas por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la Exsecretaria del Departamento de Hacienda aseveró que espera sentarse con la Asociación de Alcaldes y con la Federación de Alcaldes la próxima semana para acordar de dónde saldrá el dinero para los municipios.

Según Acosta, algunas de las posibilidades que se estudian es que salgan del Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales o de unas partidas adicionales que se quedan en el fisco de los recaudos de las planillas de contribución sobre ingresos. Asimismo queda sobre la mesa cómo quedaría la contribución sobre la propiedad.

A pesar de esto, Acosta Febo aseguró que los municipios no van a quedar en una peor condición de la que están ahora, y que la idea es que sus recaudos se mantengan igual, o incluso que aumenten.

De otro lado, la Presidenta del BGF rebatió que el Gobierno se esté inclinando por establecer la tasa del IVA en 14%, a pesar de que un reportaje de El Nuevo Día se señala que bajo este nuevo sistema tributario se duplicaría la tasa del 7% del IVU.

‘En estos momentos no voy a especular porque como te dije estamos todavía corriendo escenarios… no quiero estar hablando de temas cuando todavía no tengo los números que pueden ser. Ciertamente lo importante es que se entienda que aquí es un cambio de un sistema a otro, donde le quitamos el peso básicamente a tributar la producción y se lo ponemos a tributar el consumo. Y estamos bajando grandemente las contribuciones sobre ingreso…No te quiero decir algo para que me cites que la Presidenta del Banco dice que la tasa va a ser de tanto cuando en estos momentos no tengo el número’, sentenció.

Tampoco pudo decir qué productos o servicios podrían quedar exentos de tributar el IVA.

Sin embargo, reiteró que para atender la preocupación del elemento de regresividad que tiene este tipo de sistema tributario enfocado en el consumo, lo primero que se contempla es establecer exenciones de pago de contribuciones a los matrimonios cuyos ingresos anuales no sobrepasen de $70 mil y los individuos con ingresos anuales no mayor de $35 mil.

De igual forma, para las personas que tienen ingresos anuales muy bajos, el Gobierno tiene pensado establecer un ‘regressivity relief’, en donde trimestralmente se le devuelva lo que paguen de IVA.

En otros aspectos, reafirmó que al moverse a un sistema tributario enfocado en impuesto al consumo, durante principios de cada año el Gobierno podría estar recurriendo a financiamiento a corto de plazo a través del mecanismo de pagarés en anticipación de recaudos (TRANs, por sus siglas en inglés) para asegurar el flujo de caja del fisco a lo que entra la partida más grande de recaudos de las contribuciones sobre ingreso (que ocurre en abril, mayo y junio). La razón es que principios de cada año el Gobierno primero tiene que nutrir el Fondo de Interés Apremiante (FIA) para satisfacer las deudas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA).

Se espera que este viernes la firma KPMP le someta al Gobierno un nuevo informe, pero Acosta sostuvo que ese documento no es la propuesta final del Ejecutivo de cómo será la Reforma Contributiva.

‘La entrega del informe (de la firma KPMG) para mí es como una formalidad que le requiere el contrato’, puntualizó.

La propuesta final del Ejecutivo podría ser presentada en cualquier momento a partir del próximo noviembre, pues de acuerdo a Acosta la expectativa es que la Reforma Contributiva sea aprobada en la Legislatura durante el primer trimestre del año que viene.

Por otra parte, el martes Acosta viajó a Washington donde, entre otras cosas, espera llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal sobre lo que pasará en el 2017 con el arbitrio a las corporaciones foráneas del 4%.

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