Con el objetivo de atajar la pobreza y fomentar la participación laboral en la economía formal, diversos sectores impulsan restablecer Credito por Ingreso de Trabajo (CIT), que no sólo compensaría la carga de los impuestos a la clase trabajadora, sino que tambien otorgaría un ingreso adicional.

En una vista pública celebrada hoy, viernes, ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, Nuria Ortiz, directora de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, explicó que se trata de un 'crédito que incrementa en la medida en que aumente los ingresos' del asalariado hasta que alcanza un tope y a partir de ese momento el crédito se reduce paulatinamente.

Por otra parte, la economista María Echautegui afirmó que quienes se beneficiarían de esta medida son 'las familias que siguen las reglas del juego pero se les hace muy difícil salir ganando. Trabajan en la economía formal, reportan planillas, cumplen con el seguro social y los impuestos, pero les resulta cuesta arriba salir a flote; no pueden pagar escuelas privadas, no les da para abrir una IRA para su retiro, y muchas veces sus ingresos no les permite aplicar para el Medicare y otras ayudas'.

La medida planteada a través de la Resolución del Senado 1326 está en proceso de evaluación y estudio, lo que dará paso a establecer los parámetros de quiénes podrán disfrutar del beneficio, así como el impacto fiscal que tendría. Sin embargo, en un estudio del Centro para una Nueva Economía se presentan tres posibles escenarios, el primero y más conservador representaría una inversión de $60 millones, el segundo entre $125 y $134 millones, y el último y más generoso, $250 millones.

Para Ortiz, aunque parece haber una sintonía desde diversos sectores para restablecer el CIT, el impacto fiscal podría ser la mayor traba a la hora de aprobarlo. Sin embargo señaló que 'tenemos muchísimas exenciones que no se analizan, que no se cuantifican', exenciones 'con intereses bien particulares, que incentivan a una o dos corporaciones y no redundan en beneficios a toda la sociedad'. Con esta medida, afirmó, la clase trabajadora sentiría directamente el impacto, y resultaría en un aumento del salario por hora.

Ante un panorama donde un 56% de los hogares puertorriqueños no cuentan con al menos una persona en la fuerza laboral formal, esta medida también busca estimular la economía y la participación laboral.

Entre 2007 y 2014, en Puerto Rico existió el Crédito por Trabajo con el mismo objetivo: neutralizar la regresividad de los impuestos, sin embargo en 2014 se eliminó como parte de un paquete de medidas propuestas por el Departamento de Hacienda.

Ante ello, el presidente de la Comisión, el senador José Nadal Power admitió que 'si hay algo en lo que creo que cometimos un error al reaccionar a la crisis, fue haberlo eliminado'.

'No le cuesta mucho en realidad al erario, los beneficios son mayores que el costo y si hay algo que tenemos que combatir es la baja tasa de participación laboral. Podemos remediar los errores.'

También depusieron a favor de la medida el profesor y economista Joaquín Villamil y el presidente de Asociación de Economistas de Puerto Rico, Juan Villeta. Del mismo modo el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi buscó el año pasado extender a Puerto Rico algunos de los beneficios del programa federal de crédito por ingreso devengado.