Con el objetivo de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía, varios frentes han urgido decretar una moratoria a los pagos de la deuda pública por los próximos cinco años, lo que según el economista Heriberto Martínez liberaría cerca de $1,500 millones anuales ‘para reactivar la economía’.

Ante la negativa de Washington para incluir a Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, y la incertidumbre respecto a la posibilidad de llevar a cabo un proceso local de quiebra, queda la opción ‘de decretar la moratoria unilateralmente, por los años que sean, y abrir el espacio en ese periodo para la negociación’, aseguró el también portavoz de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.

A diferencia de optar por el impago, la moratoria o prórroga del pago principal implicaría que no se pagará la totalidad de los bonos a la fecha de vencimiento pero se continuarán pagando los intereses.

Este no es el único modelo posible. Desde el pasado año el economista José Alameda insiste sobre la necesidad de establecer una moratoria. A diferencia del primer modelo, su propuesta se dirige al pago de los intereses, liberando cerca de $1,800 millones anuales.

‘Los datos que provee el informe KTW –el llamado informe Krueger- nos indica que entre 2015 al 2020, los intereses a pagarse montarían a $11,434 millones. Si en este período, los intereses se invirtieran en capital productivo, digamos en la construcción, los empleos directos creados por año llegarían a 25,157; los indirectos a 20,583 y los inducidos, 11,435’, lee un artículo publicado en junio de 2015 en la revista Perspectivas de la organización Estudios Técnicos.

Del mismo modo, en el 2014 el representante Manuel Natal Albelo propuso una moratoria a la deuda extraconstitucional, que entonces representaba el 78% de la deuda y con lo cual se habrían liberado poco más de $2,700 millones.

De cualquier forma, corresponde a la Asamblea Legislativa decretar el aplazamiento de los pagos.

No obstante, Martínez advirtio que esta es una manera desordenada de llevar a cabo el proceso pues a diferencia de la quiebra no hay interferencia de un tercero, es decir, de un juez.

Una vez legislada la moratoria, aquellos acreedores interesados en negociar tendrían que hacerlo directamente con el gobierno.

Uno de los riesgos de esta medida, al igual que el impago ‘es que nos sujetamos a demandas’. ‘Sí hay consecuencias’, insistió Martínez.

Para Alameda, independientemente del modelo, resulta imprescindible presentar con ellos un plan de desarrollo. Para ello propone establecer un Fondo de Emergencia para la Recuperación y la Inversión, y con él financiar proyectos que ayuden a recomponer la economía.

Recientemente el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, se unió a las voces que urgen decretar la moratoria al pago principal. La exsecretaria de Estado, Ingrid Vila, también se expresó a favor de prorrogar la deuda.

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