La extensión del periodo del 100 por ciento del costo compartido para las Categorías A y B de la Ley Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia, permitió la otorgación de fondos adicionales para el recogido de material vegetal y trabajos de respuesta luego del paso del huracán María.

Asimismo, hubo una extensión de la Asistencia Federal Directa (DFA, por sus siglas en ingles) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles).

La extensión de esta ayuda federalentrará en vigor a 180 días del anuncio hecho hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La aprobación de la extensión de las Categorías A y B, así como de la DFA, permitirá que continúe el trabajo crítico en Puerto Rico, sin la preocupación por la capacidad municipal y del Gobierno estatal para pagar el costo compartido. De igual modo, acelera la recuperación al evitar una transición de trabajo de DFA desde los departamentos y agencias federales responsables al Gobierno de Puerto Rico mientras las labores se llevan a cabo.

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La extensión de 90 días para la Categoría A incluye esfuerzos de remoción, eliminación y monitoreo de escombros que llevan a cabo los municipios, las agencias estatales --entre estas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas-- y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en ingles).

La extensión de 60 días para la Categoría B incluye el trabajo necesario para reducir o eliminar las amenazas a la vida, la salud pública o la seguridad; así como las medidas que pueden reducir la amenaza de un daño adicional significativo a la propiedad.

Los gastos frecuentes en esta categoría incluyen: el suministro de energía temporal de emergencia, la distribución de alimentos y agua, el costo de la Policía, los bomberos y otros equipos de primera respuesta involucrados en esfuerzos relacionados con el desastre para proteger la vida, la salud y la propiedad; garantizar el acceso de emergencia, los trabajos de los requisitos de seguridad relacionados con el desastre (colocación de barreras, verjas, costos de aplicación de la ley); y otras actividades similares.

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