La fase de presentación de prueba de la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda terminó ayer y se dirige la semana que viene a discusión de controversia como la aplicación de la Ley 53.

La presentación de evidencia testifical a favor o en contra de la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) terminó el viernes tras día y medio de testimonios, y la jueza de quiebras Laura Taylor Swain dispuso que a partir del lunes se discutirán cabos sueltos de naturaleza legal que quedan, como la aplicación de la nueva Ley 53 que condiciona la emisión de bonos a que haya «cero recorte de pensiones».

No todos los testimonios que se habían anticipado para el viernes ocurrieron ya que, en dos de los casos, ninguna parte pidió contrainterrogarlos. Esto incluye al Dr. Simon Johnson, perito y testigo único del Comité Oficial de Retirados. Se presume que, ante el hecho de que el PAD ya no tiene el recorte de 8.5% al pago mensual de los pensionados, no hubo necesidad de contrainterrogar al perito.

Lo que el PAD sí mantiene son cambios a los planes de retiro que los convierte en un híbrido donde, hasta una fecha particular, el gobierno hace aportaciones pero, de la aprobación del Plan en adelante, solo son aportaciones del empleado y se hacen cambios en las fechas de elegibilidad y cantidad de años de servicio. También, mantienen la eliminación de los aumentos por el costo de vida (COLA en inglés).

En esto es que estriba la controversia sobre si realmente el Plan cumple con los «cero recortes» que dispone la Ley 53. De hecho, entre miércoles y viernes se registró la objeción al Plan por parte de la Asociación de Jubilados de la Judicatura de Puerto Rico (AJJPR). Esto es separado de los intentos que hay hecho los jueces activos, a través de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) para que la jueza Swain acepte sus reclamos sobre las pensiones, primero en un caso, luego en una petición como amigos de la corte y ahora como una objeción formal que también radicaron esta semana.

Los jueces activos han argumentado a Swain que su sistema de retiro es el único que tiene base constitucional porque está mencionado en el texto de dicha ley y que cambiar las condiciones del plan «sería disminuir la compensación judicial y romper la promesa inherente que le hizo el Gobierno a los jueces cuando se pusieron la toga, dejando pasar otros menesteres más lucrativos, para servir al público».

En cuanto a los maestros, ya la Asociación de Maestros (AMPR) había sometido una objeción al Plan porque no cumple con el requisito de confirmación de que los acreedores no tengan una mejor alternativa fuera del tribunal de quiebras porque hoy tienen «un derecho constitucionalmente protegido» a su plan de retiro, pero el PAD se lo quitaría. El PAD «también le falla a los maestros cuestión humanitaria», añaden.

Pero, además, el viernes la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc., Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. comparecieron para oponerse porque a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) «se le fue la mano» al interpretar que lo único que la Ley 53 prohíbe es la puesta en vigor del recorte de 8.5% a las pensiones. «sería ilógico interpretar la Ley (53) como si la Asamblea Legislativa solo intencionara condicionar la emisión de deuda nueva a la eliminación de la Modificación del Beneficio Mensual (de los pensionados), pero dejando que la JSF implemente un (PAD) que impone otros recortes y congelamientos a las pensiones», afirmaron.

Por su parte, las uniones Service Employees International Union y United Auto Workers presentaron esta semana objeción adicional relativa a la propuesta de orden que sometió la Junta, y que la junta emitiría en su confirmación del Plan, porque argumentan que allí se prohíbe que, en un futuro, el Gobierno legisla para mejorar el sistema de los empleados activos mediante restablecerle las aportaciones u otros mecanismos.

Según la orden de la jueza que gobierno el calendario de los próximos días, las partes deben discutir los efectos de la Ley 53 el miércoles, mientras que el lunes se van a discutir las objeciones presentadas al Plan y otros asuntos como las controversias de incautación inconstitucional que presentan las cooperativas, Suiza Dairy y otras partes con reclamos específicos de dinero o propiedades que el Gobierno de Puerto Rico le quitó sin justa compensación. Otro punto en agenda es las leyes que se tienen que declarar ocupadas por PROMESA para poder implantar el PAD, incluyendo partes de la Constitución de Puerto Rico.

De los testimonios escuchados el viernes resaltó el del economista Andrew Wolfe, quien ahora presta servicios a la JSF pero antes, desde 2014 como asesor del Banco Gubernamental de Fomento, está involucrado con las finanzas y gobernanza de Puerto Rico. El bonista Peter C. Hein, único que estuvo contrainterrogando testigos porque otros opositores principales se cambiaron de bando justo al iniciar la vistas esta semana, pudo llevarlo a admitir que, desde el 2014 en el llamado Informe Krueger del cual él fue coautor, se le está diciendo al Gobierno de reformas que tiene que hacer en Educación, permisos, contribuciones y otras áreas sin que las hayan hecho. Son prácticamente las mismas recomendaciones que están todavía en el más reciente Plan Fiscal y, a pesar de que en siete años no se han implantado, el PAD las toma en cuenta en el cálculo de cómo la nueva deuda se va a poder pagar porque la economía puertorriqueña va a mejorar.

«Hacer reformas ha estado bajo el control del Gobierno desde 2015», aceptó Wolfe.

Sin embargo, la incapacidad del gobierno para reformarse profundamente no es materia que corra solo desde 2015. Como se publicó en 2016, hay un memo del 16 de junio de 1975 del expresidente del BGF, Guillermo Rodríguez Benítez, al fallecido exgobernador Rafael Hernández Colón que advierte del nivel insostenible al que había llegado en ese momento la deuda pública.

Rodríguez Benítez recomendaba: 1) No crear corporaciones públicas para seguir tomando prestado (como hizo la Administración Acevedo Vilá con COFINA y como todavía hoy siguen haciendo), 2) que no se hagan proyectos ‘por meritorios que sean’ que aumenten la necesidad de vender bonos, y 3) que se revisen programas financiados con deuda para reducirlos.

«De hecho, puede que ya sea tarde», escribió hace 46 años.

Vea:

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