El ente fiscal pidió que se establezca una oficina centralizada de uso de fondos federales para la que hay dinero asignado desde 2022 sin que se haya materializado.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) instruyó a la Administración González Colón a que en el próximo presupuesto incluya un “plan abarcador para transicionar” la operación gubernamental a depender menos de fondos federales.

En una carta el lunes que titularon “Plan Estratégico para Liberarse de la Dependencia de Fondos Federales”, el ente rector de la finanza y gerencia pública apuntó específicamente que desde 2022 hay dinero separado para crear una Oficina Centralizada de Supervisión de Fondos Federales, pero todavía no se ha establecido.

Ahora, la JSF plantea que esa oficina es “esencial”, ante una combinación de la incertidumbre que rodea las asignaciones bajo el presidente Donald Trump y de la expiración de fondos federales de emergencia que el gobierno usó para financiar gastos permanentes.

“Con los ingresos actuales locales, no será posible reemplazar los fondos federales que expiren o que potencialmente se pudieran perder”, indicó el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, en la carta al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

“Los niveles futuros de financiamiento federal recurrente son inciertos”, subrayó.

En el presupuesto vigente, el 46.1% de los fondos ($15,400 millones), son fondos federales. En el Departamento de Educación (DE) la proporción de fondos federales es 46% y todavía no tienen un plan para atender la expiración de fondos no recurrentes asignados para la pandemia de Covid-19.

También en el presupuesto vigente, el DE y el Departamento de Seguridad Pública tienen, respectivamente, $230 y $17 millones en aumentos salariales y costos operacionales financiados con fondos federales no recurrentes. Educación tiene otros $500 millones de gastos recurrentes financiados de manera similar y, en el resto del presupuesto, hay al menos otros $290 millones en la misma situación.

El Plan Vital se sostiene mayoritariamente con fondos Medicaid que enfrentan una reducción a partir de octubre de 2027 y que, de no lograrse un cambio en la ley, provocará un déficit de $1,100 millones en el año fiscal 2029.

La directriz de la Junta es que la administración realice un proceso parecido al que nunca se hizo formalmente en el proceso de quiebra del gobierno: una lista de prioridades de programas gubernamentales. En este caso, es para “especificar cuáles programas van a terminar, cuáles van a transicionar a fuentes permanentes de ingresos, dónde será necesario hacer ajustes o reasignaciones, y cómo las reservas financieras o fondos de contingencia se usarán para mitigar las reducciones”.

El plan debe incluir herramientas de monitoreo y contingencias (es decir, planes “B”), por si los fondos federales de cierto programa no se consiguen o no son suficientes. La estrategia debe también contemplar protocolos de comunicación para “mantener transparencia”.

La falta de una oficina centralizada “puede contribuir a ineficiencias, como la potencial duplicación de beneficios o desembolsos que son difíciles de explicar”. “También, la falta de visibilidad sobre el uso de los fondos federales evita que el gobierno optimice el uso de sus recursos propios, resultando en gasto y uso ineficiente de fondos federales”, apuntó.

Para leer la carta, pulse aquí.

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