Los efectos de la reforma contributiva federal para Puerto Rico son de magnitud decisiva ya que su economía se sustenta en gran medida gracias a unas empresas manufactureras mayoritariamente estadounidenses que llegaron a contratar cerca de 150,000 empleados con los salarios más altos del mercado laboral.

La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos supondrá la imposición de un impuesto del 12.5 % sobre la propiedad intelectual de las empresas con operaciones en territorio puertorriqueño, lo que aventura una salida generalizada de estas compañías.

Para el presidente de la firma de consultoría en economía Estudios Tecnicos, Jose Joaquín Villamil, la principal consecuencia será la limitación en la capacidad de Puerto Rico de atraer empresas.

El tambien consultor de varias organizaciones internacionales, incluida la Comisión Económica para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, sostuvo en conversación con Efe que la dificultad para que las compañías se instalen es resultado de una normativa que aumenta la tributación para que operen en la isla y la reduce en Estados Unidos.

La reforma federal impone penalidades y contribuciones a las compañías de Estados Unidos que tienen operaciones foráneas y las incentiva a traer sus operaciones de manufactura de vuelta al país norteamericano, lo que San Juan cree que va a pasar en la isla de forma inmediata.

Otro analista, Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, señaló por su parte que el Gobierno depende en gran medida de los impuestos que obtiene de las empresas manufactureras para su financiación, por lo que las consecuencias de la reforma fiscal serán muy importantes.

'Se reduce a partir de ahora el poder del atracción para las empresas al aparecer -Puerto Rico- como un territorio foráneo', sostuvo el economista, para quien las consecuencias de que la isla sea considerado un territorio extranjero tiene su raíz en la falta de representación del Estado Libre Asociado en el Congreso en Washington.

Además de aumentar los impuestos a las empresas, el proyecto de ley niega el acceso de las familias en Puerto Rico al Credito Tributario por Hijos o al Credito Tributario por Ingresos del Trabajo.

El Gobierno de Puerto Rico estima que el previsto exodo de las compañías manufactureras hacia otros territorios con menores cargas fiscales supondrá el golpe definitivo a una economía que lleva 10 años sumida en una profunda crisis y tiene una deuda impagable de 70,000 millones de dólares en proceso de reestructuración judicial.

El huracán María que en septiembre arrasó la isla dejando unos daños calculados en 94,000 millones de dólares fue un castigo excesivo que algunos economistas preven puede quedarse pequeño en comparación con lo que supondrá la reforma fiscal de Trump.

Algunos miembros del Gobierno de Puerto Rico hablan de que se podrían perder entre 75,000 y 250,000 empleos entre directos en indirectos.