El tema fue el punto de discusión en un foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Los fondos federales que recibe Puerto Rico es sustancialmente menor a la que reciben otros estados y territorios de los Estados Unidos, lo que a su vez empeora la calidad de vida, los servicios gubernamentales y la economía, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas en un foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

El encuentro virtual no buscaba ofrecer soluciones a la disparidad ya conocida, sino educar sobre los distintos puntos que evidencian el trato desigual, las justificaciones del gobierno federal para sostenerlo y cómo la elección del 3 de noviembre en la nación norteamericana podría cambiar esa actitud.

Hace alrededor de un mes, el gobierno de Donald Trump y su secretario de Justicia, William Barr, elevó al Tribunal Supremo federal su oposición a que el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) aplique a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

La determinación se basa en el caso de José Luis Vaello Madero, quien explicó que recibía el SSI cuando vivía en Nueva York entre el 1985 y el 2013. Sin embargo, dejó de recibir el estipendio tan pronto se mudó a Puerto Rico.

En otra instancia, en el caso Peña Martínez contra el Departamento de Salud federal, el demandante alegó que era inconstitucional denegarle a los residentes de Puerto Rico el acceso al SSI, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y al Subsidio de Bajo Ingreso de Medicare.

“Hay un valor enorme para los Estados Unidos que provean este apoyo a Puerto Rico, porque los beneficios regresan a la economía de los Estados Unidos. Cuando analizas esa disparidad, te das cuenta que los puertorriqueños han sido forzados a diario a tomar decisiones bien difíciles, entre comer, pagar sus cuentas, comprar su ropa o sus medicamentos. La buena y la mala noticia es que Puerto Rico es un balón político, así que hay que utilizarlo a nuestro favor”, declaró Lillian Rodríguez López, portavoz de la Coalición de Seguridad Alimentaria.

Durante el foro, tanto Rodríguez López como Javier Balmaceda, del Center on Budget and Policy Priorities, aludieron a que la forma en que el dinero es asignado a Puerto Rico es en forma de bloque, o “block grant”, que no puede expandirse ni modificarse.

El presidente de MCS Advantage, MCS Life, Roberto Pando, por su parte, señaló que el 30% de los beneficios obligatorios del Medicaid no son cubiertos en Puerto Rico, entre ellos los servicios al hogar para quienes requieren cuidado de enfermeros.

A través de los años, el gobierno federal ha señalado que extenderle estos beneficios a la Isla causaría daños a la economía, costaría demasiado para los Estados Unidos ($23,000 millones en diez años para el SSI solamente) y que no sería justo porque en Puerto Rico no pagan impuestos federales.

De la Cámara de Comercio en Estados Unidos explicaron que, a nivel federal, programas como el SSI, SNAP, entre otros, componen un 11% del Producto Interno Bruto, así que su efecto en la economía está probado. Al ciudadanos dejar de recibir esos beneficios en otros estados o territorios, se les obliga a migrar a los lugares donde sí pudieran recibirlos.

Por otra parte, en un análisis tras el evento, el senador Carmelo Ríos Santiago y el exgobernador Alejandro García Padilla aclararon que en efecto, hay personas en la Isla que pagan impuestos federales.

Los congresistas Nydia M. Velázquez y Raúl Grijalva enviaron videos y cartas, respectivamente, para abordar el tema de la desigualdad, cómo es injusta y cómo mediante legislación han buscado erradicarla.