Gobierno de Trump eleva al Supremo federal oposición al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario para Puerto Rico
A nivel local, los candidatos a la Comisaría Residente se enfrascaron en una lucha personalista sobre quién tiene más respeto en Washington.
El gobierno federal, encabezado por el presidente Donald Trump, y su secretario de Justicia, William Barr, elevó al Tribunal Supremo su oposición a que el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) aplique a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.
Luego de derrotas en el Tribunal federal de Distrito y en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, el gobierno federal insiste en que los territorios de los Estados Unidos están excluidos de este estipendio.
Los candidatos principales del Partido Nuevo Progresista (PNP) culparon al estauts colonial de Puerto Rico por esta exclusión, mientras que sus homólogos en el Partido Popular Democrático (PPD) cuestionaron este tipo de discrimen y criticaron la gesta de los incumbentes.
"Nuevamente nuestro estatus colonial pone de manifiesto el trato discriminatorio que recibe nuestra gente más vulnerable, como es el caso de los que pudieran recibir el seguro social suplementario (SSI). El procurador general de Estados Unidos se ampara en el poder del Congreso de tratar diferentemente a los territorios, afectando el bienestar de los ciudadanos americanos que residen en nuestra isla. Con la Estadidad esto jamás pasaría", aseguró el candidato a la gobernación novoprogresista, Pedro Pierluisi Urrutia.
El aspirante señaló que ofendía la alusión por parte del gobierno federal a que los residentes de Puerto Rico pagan contribuciones federales por sus ingresos en la Isla, aunque es falso.
"La realidad es que la gran mayoría de los que se beneficiarían de ese programa, al igual que en los estados, no pagarían contribuciones federales por su situación económica. Más aún, el SSI no tiene nada que ver con el sistema contributivo federal, sino más bien con la política pública de asistir a los ciudadanos vulnerables en la nación", argumentó Pierluisi Urrutia.
La determinación surge a partir del caso que José Luis Vaello Madero presentó ante la corte de distrito y que el juez federal Gustavo Gelpí falló a su favor en febrero de 2019. En su petición, Vaello Madero explicó que recibía el SSI cuando vivía en Nueva York entre el 1985 y el 2013. Sin embargo, dejó de recibir el estipendio tan pronto se mudó a Puerto Rico.
El gobierno federal apeló la decisión ante un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, quienes sostuvieron la determinación de Gelpí el pasado abril.
Del lado del PPD, el candidato a la gobernación Carlos "Charlie" Delgado Altieri afirmó que tanto él como la colectividad defenderían la paridad en los programas federales "para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico".
A esos fines, anunció que radicaría un alegato como "amigo de la corte" en el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
"Daremos esa lucha para que se reconozca el derecho al Seguro Social Suplementario en Puerto Rico. Ya dos tribunales han reconocido y rechazado esa discriminación en contra de los pobres. Existen dos jurisdicciones no estatales como lo son Washington DC y Marianas del Norte a quienes se les reconoce ese derecho, lucharemos por detener ese discrimen en contra de los puertorriqueños”, expresó Delgado Altieri.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, había comparecido como “amiga de la corte” en el caso de Vaello Madero y solicitó al gobierno federal que no apelara ante el Tribunal Supremo, pero su petición fue ignorada.
La Comisionada Residente radicó legislación en el Congreso de los Estados Unidos (H.R. 947) en febrero de 2019 para hacer extensivo a Puerto Rico y los territorios el beneficio del SSI, pero la medida no ha progresado.
De los siete coauspiciadores en esa medida, tres son congresistas de los territorios de Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes, que tampoco son elegibles para recibir el SSI y que no pueden votar en el Congreso, al igual que González Colón.
Igualmente, de los siete coauspiciadores, solo una es republicana y es la congresista de Samoa Americana.
Lucha por la Comisaría Residente
Luego de darse a conocer la determinación, los candidatos a la Comisaría Residente, González Colón y Aníbal Acevedo Vilá, se criticaron mutuamente por sus respectivas labores en Washington.
En declaraciones escritas, González Colón atribuyó la determinación a que, como Puerto Rico no es estado, sus residentes son tratados como ciudadanos de segunda categoría.
En su escrito, reconoció que el caso de Vaello Madero es solo uno de varios que se ven en los tribunales que buscan apelar las desigualdades que enfrentan los residentes de Puerto Rico por vivir en un territorio.
"El ELA [Estado Libre Asociado] es la barrera que nos separa de la igualdad y de disfrutar plenamente de nuestros derechos como ciudadanos americanos. Esta solicitud de revisión de Justicia federal refuerza nuestro llamado a votar por el Sí en el plebiscito de noviembre, para que el pueblo no tenga que seguir sufriendo las discriminaciones que se permiten bajo el mal llamado Estado Libre Asociado”, exclamó la actual Comisionada Residente.
Sin embargo, para Acevedo Vilá la apelación al Supremo es una muestra de la inefectividad de González Colón, quien ha reiterado que la "respetan en Washington".
“En un tema tan importante, y con los contactos y conexiones que González alega tener ante el gobierno republicano que ella respalda, el resultado en este caso ha sido contrario a los intereses de Puerto Rico. Esta es la comisionada que se vanagloriaba de ser reconocida y respetada en Washington”, aseguró el aspirante del PPD.
Acevedo Vilá subrayó que esperaba un esfuerzo de convencimiento serio y consistente por parte de González Colón, pero en su lugar se vio un gesto tímido de oposición. Para el también exgobernador, la situación es un fracaso más de González Colón.
En la red social Twitter, la Comisionada Residente le ripostó que cuando él estuvo en la capital federal no se insertó en la discusión del SSI, ni presentó un proyecto al respecto.
"El que cuando estuvo en DC no hizo nada por el SSI. Ni un proyecto, ni amigo de la corte, NADA. AAV embustero como siempre", escribió González Colón, sin explicar que el caso sobre el SSI comenzó en el 2013, cuatro años después que Acevedo Vilá dejó la gobernación.
El SSI se creó mediante una ley y estipula que los beneficiarios de este programa deben ser mayores de 65 años de edad, estar total o parcialmente ciegos, y tener un padecimiento medico que no le permita trabajar que se estima que duraría un año como mínimo o le causaría la muerte.
La ley excluye a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana. Sin embargo, el juez Gelpí declaró que no se le podían activar y desactivar los derechos a una persona simplemente porque se mude a un territorio de forma discriminatoria.
De aprobarse en la Isla, el programa podría abrirse a unas 300,000 personas elegibles.
Lee también:
Determinación del juez Gelpí puede traer importantes ramificaciones