Por posibles efectos adversos sobre la economía de la Isla, y sobre el sector de manufactura en particular.

Los cambios contributivos que propone el gobierno de Estados Unidos para financiar la reconstrucción de su infraestructura que impulsa el presidente Joe Biden están generando gran preocupación en Puerto Rico, por sus posibles efectos adversos sobre la economía de la Isla, y sobre el sector de manufactura en particular.

Los riesgos que esos cambios contributivos representan para Puerto Rico fueron discutidos en vistas públicas que evalúan el posible impacto en la Isla del ambicioso plan de Casa Blanca para renovar la deteriorada infraestructura de ese país.

“Las propuestas de infraestructura se sostendrán en parte con el recaudo de los impuestos generados como resultado de varios cambios al régimen de contribuciones internacional, que afecta a compañías multinacionales. En particular, compañías con una matriz en Estados Unidos, pero con operaciones en otros países del mundo”, advirtió el Colegio de Contadores Públicos (CCP) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

“Se ha discutido que las potenciales propuestas incluyen enmiendas al cálculo del “Global Intangible Low Tax Income” (GILTI) para generar ingresos de sobre $500 billones en un período de 10 años”, agregaron.

Ese GILTI fue creado por la pasada administración del presidente Donald Trump como parte de sus esfuerzos por recuperar para Estados Unidos parte de la inversión y producción que compañías estadounidenses tienen fuera del país.

Ese impuesto se le aplica a subsidiarias de esas empresas que operan en Puerto Rico y la propuesta inicial en el plan contributivos es duplicarla. “Se aumentaría la tasa de GILTI de 10.5% a un 21%, se establecería el cálculo del GILTI en una base de país por país, en lugar de un cálculo consolidado; y se eliminaría la exención de 10% de rendimiento sobre activos foráneos. En nuestra opinión, estas tres medidas podrían tener el potencial de poner a Puerto Rico en una posición menos ventajosa y competitiva que otros países del mundo, inclusive que el mismo Estados Unidos”, advierte la ponencia, firmada por la presidenta de la entidad, Rosa M. Rodríguez Ramos.

La misma preocupación levantaron el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); el Departamento de Hacienda y la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

“El Plan de Infraestructura de Biden, aunque es un gran proyecto cuya aprobación parece ser inminente, traerá consigo unos retos contributivos para Puerto Rico con el aumento al GILTI”, expresó el secretario del DDEC, Manuel Cidre.

“Primero, debemos tener en mente que las empresas estadounidenses a las que le duplicarían el GILTI tax representan cientos de miles de empleos y sobre millones de dólares de ingresos directos, sin contar los ingresos indirectos producto de la actividad económica que generan estas empresas en Puerto Rico”, advirtió.

En similares términos se expresó el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez.

“Aún cuando Puerto Rico pudiera recibir beneficios para la transformación de nuestra infraestructura, no es menos cierto que el “Made in America Tax Plan” tiene varias premisas expresamente articuladas o implícitas que pueden poner a Puerto Rico a riesgo y provocar la pérdida de grandes oportunidades de desarrollo económico”, dijo.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se unió también al llamado a estar alertas y señaló que además del tema del GILTI preocupan otras áreas contributivas que impactaran adversamente al país.

“Un incremento en el GILTI a nivel local podría afectar las alternativas que están siendo actualmente contempladas para sustituir el arbitrio bajo la Ley Núm. 154, ya que incrementa las contribuciones federales de los grupos de corporaciones en Puerto Rico, lo que podría repercutir en que no les sea económicamente viable para estas manufactureras y empresas puedan mantener operaciones en Puerto Rico”, dijo.

Fue consenso entre todos los ponentes la importancia de unir esfuerzos entre el gobierno y el sector privado para enfrentar este reto y trabajar juntos con el objetivo específico de convencer al gobierno de Estados Unidos de que los empleos en Puerto Rico son también empleos “americanos” y no pueden tratar la inversión norteamericana en la Isla como la de un país extranjero.

El presidente de los industriales llamó la atención sobre el hecho de que para determinadas situaciones el gobierno estadounidense considera a la Isla como parte de su actividad doméstica. “Como resultado de la pandemia, algo ha quedado meridianamente claro, hasta el punto de haber provocado movimiento congresional: el hecho de que la manufactura en Puerto Rico es manufactura en territorio americano. Atraer inversión y empleo a Puerto Rico es parte de los esfuerzos de “re-shoring”. Fomentar el ‘re-shoring’ de la manufactura, usando a Puerto Rico como plataforma, tiene apoyo bipartito tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos”, dijo.

Resaltó además que el plan de Casa Blanca “también reconoce la importancia de mantener la marina mercante cuando propone: “the plan will require that goods and materials are made in America and shipped on U.S.-flag, U.S.-crewed vessels”, lo que aplicaría a Puerto Rico, confirmando el carácter doméstico del intercambio comercial y económico.

“Este momento histórico nos exige convertir esta realidad en una oportunidad. Puerto Rico tiene que ir a Washington, D.C. con una sola voz. Junto al Gobernador de Puerto Rico, nuestra Comisionada Residente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AFFAF”), el Departamento de Hacienda y el sector privado y el DDEC hará todo lo posible por liderar los esfuerzos y lograr un trato contributivo que cree un diferencial competitivo para Puerto Rico”, expresó el secretario del DDEC.

“Uno de los objetivos del Made in America Tax Plan es devolver manufactura a los Estados Unidos. Tenemos que comunicar adecuadamente y recalcar que la manufactura en Puerto Rico es manufactura en territorio americano. Tenemos que crear conciencia de que fomentar el ‘re-shoring’ de la manufactura, usando a Puerto Rico como plataforma, es fomentar el ‘re-shoring’ a los Estados Unidos. El Made in America Tax Plan tiene que tomar esto en consideración y no puede dejar la realidad de Puerto Rico desatendida como pasó en el 2017”, agregó Rodríguez.