Además, pidieron cuentas sobre la investigación de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

Varias de las principales entidades empresariales del país coincidieron ayer en su reclamo de que se revise, e incluso se anule el contrato que puso en manos de dos empresas el control del Muelle de San Juan. Coincidieron además en que es tiempo de que el Departamento de Justicia revele los resultados de la investigación que trabaja hace dos años sobre este contrato.

Las organizaciones comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Agencias Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes que investiga el monopolio que generaría la posible fusión entre las empresas Luis A. Ayala Colón (LAC) y Tote Marine (Puerto Rico Terminals).

Participaron en la audiencia el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, (MIDA), y representante de la empresa Intership.

“El acuerdo entre las empresas concentra en dos navieras el control del movimiento de contenedores no solo domésticos sino también internacionales. Estas dos corporaciones tienen la influencia y visibilidad sobre toda nuestra economía. Esto es demasiado poder en circunstancias normales”, destacó el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso

“Es imperativo que se anule el contrato. El Acuerdo Cooperativo entre las Empresas Luis Ayala Colon (LAC) y Puerto Rico Terminals, deja toda la carga entre dos entes creando un monopolio en la zona”, dijo por su parte el presidente del CUD, Jesús E. Vázquez

Mientras que la presidenta de Intership, María I. Caraballo, recalcó la necesidad de “volver nuevamente al Federal Maritime Commission (FMC) sobre el acuerdo cooperativo (entre estas dos empresas) y sus consecuencias”.

En su extensa ponencia el vicepresidente ejecutivo de MIDA recalcó la importancia que tienen los muelles para una isla que importa casi la totalidad de lo que consume y la materia prima de lo que produce. “Esta Asamblea debe requerir a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia Federal y el Federal Maritime Commission (FMC), que retomen la evaluación del acuerdo y resuelvan sus diferencias por el bien de los puertorriqueños”.

Se defiende la empresa

En el pasado la empresa Luis A. Ayala Colón Sucrs., Inc. se ha defendido de esos planteamientos.

"Las expresiones públicas hechas por los portavoces de su organización (MIDA) distan de la verdad y pretenden distorsionar la realidad fáctica de que el Acuerdo de Colaboración entre LAACSI y PRT resulta beneficioso para la industria y el consumidor puertorriqueño. Por lo tanto y de manera conciliadora, solicitamos que MIDA inmediatamente reconsidere su posición en cuanto al Acuerdo de Colaboración e imparta una directriz a sus portavoces oficiales para que cesen y desistan de toda campaña mediática que induce a error y distorsiona la realidad en contra de los mejores intereses de la industria que representa", expresó Hernan F. Ayala Rubio, vicepresidente ejecutivo de las empresas Luis A. Ayala Colón Sucrs., Inc. en una carta dirigida al entonces presidente de MIDA, José Soto, el 2 de octubre de 2019.

Ayer, Alfonso tampoco dejó pasar al Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre el que señaló que “ha sido el gran ausente en todos los procesos y abusos cometidos en contra el pueblo de Puerto Rico en los muelles por décadas”

Tampoco la Autoridad de los Puertos, la que dijo “no puede abdicar en su rol de estar buscando nuevas lineas marítimas, operadores de terminal, estibadores, etc. para fomentar la competencia y que la Isla adquiera nuevas conexiones de importación y exportación como hacen con lo aéreo y con los cruceros”.

Vázquez agregó, por su parte, que “es desconcertante para el CUD que los funcionarios responsables de proteger los puertos y toda la infraestructura marítima del país continúen insistiendo en justificar un monopolio compuesto por una empresa convicta de cometer fraude con las tarifas marítimas apoyados por las nefastas leyes de cabotaje como TOTE Maritime, antes Sea Star. Actualmente las puertorriqueños estamos a merced de estas empresas especialmente Crowley Y TOTE que no solo nos controlan las rutas marítimas, ahora también controlan nuestros puertos”.

Caraballo abundó y aseguró que los legisladores tienen la gran oportunidad de hacer cambios reales en la política pública para monitorear y fiscalizar lo más importante que tiene una isla, que son sus muelles.

“No podemos seguir mirando hacia al lado pensando que no tenemos autoridad para poder incentivar la competencia y que solo el gobierno federal tiene el campo ocupado en esta materia. Nos ha faltado voluntad en este tema tan importante”. Reyes coincidió y dijo que la Autoridad de Puertos (AP), “se ha lavado las manos”.

Vázquez Rivera también reclamó que se anule otro acuerdo que pasa a manos privadas parte del llamado “Muelle Navy Frontier”, ubicado en la Bahía de San Juan y que el mismo sea devuelto en su totalidad a uso exclusivamente marítimo.

“El gobierno ha vendido a un desarrollador parte de los muelles para desarrollar vivienda en los pocos espacios disponibles que hay en este momento para la llegada de productos especializados y almacenaje de emergencia. En ese espacio, donde pretenden crear residencias de alto costo, operan las compañías que traen materia prima para la manufactura de cemento, varillas, materiales de construcción y automóviles”, djjo.

Otras recomendaciones que hicieron las organizaciones empresarios incluyen exigir intervención inmediata al Departamento de Justicia que hace mas de 2 años dijo estar evaluando el asunto; detener el desmantelamiento de las grúas que existen en los muelles M, N, O, y comenzar un proceso agresivo para adquirirlas o reemplazarlas inmediatamente; establecer como política pública la competencia en la transportación: ordenar a la Autoridad de Puertos no permitir el acaparamiento de los muelles y seguir trabajando para que las grúas del muelle de Ponce estén en condiciones para proyectos de infraestructura, en caso de huracanes o en el caso que un nuevo conflicto obrero/patronal pueda ocurrir, pueda ser este muelle una alternativa.

El CUD propuso también que las facilidades de Puerto Nuevo sean redistribuidas permitiendo que al menos el 33% de las muelles y terrenos queden disponibles para otros operadores incluyendo la carga general. Igualmente que las grúas sean expropiadas de manera que puedan ser utilizadas par otros operadores.