Está descartada también la divulgación que habría esta semana sobre por dónde va LUMA con su propuesta de aumento y, además, quedó pospuesto el desarrollo del Plan Integrado de Recursos.

Determinaciones del Negociado de Energía (NE) y del oficial examinador a cargo de la revisión tarifaria trastocaron el plan que se conocía hasta ahora sobre el proceso para desarrollar una nueva tarifa básica de energía eléctrica y también el desarrollo del Plan Integrado de Recursos (PIR).

Hasta la semana pasada, LUMA Energy debía radicar el miércoles los primeros documentos que darían visibilidad sobre las dimensiones del aumento que se anticipa traiga la primera revisión de tarifa básica en ocho años. Estos documentos llevarían al NE a establecer una tarifa provisional desde el 1 de julio y el 3 de julio LUMA tendría que presentar los documentos finales para evaluar el diseño y cantidad de la tarifa básica. Tras meses de vistas públicas y testimonio pericial, el negociado emitiría en 2026 una orden para establecer formalmente la tarifa nueva.

Pero eso quedó trastocado el sábado con una solicitud de emergencia que hizo LUMA para que los relevaran del plazo del 30 de abril y les permitieran someter todo, lo relativo a la tarifa provisional y lo relativo a la evaluación final, el 3 de julio. El oficial examinador, Scott Hempling, concedió la solicitud. Por esto, ya no hay oportunidad para comenzar el 1 de julio con una tarifa provisional. Pero todavía queda la posibilidad de que el operador de la red someta, en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una solicitud de aumento de emergencia para cubrir asuntos como el pago de las pensiones, el cual el gobierno ni la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) todavía han planteado cómo se pagarán, que no sea mediante un aumento en la tarifa.

El negociado todavía podría establecer una tarifa provisional a partir del 3 de julio en lo que se evalúa la tarifa básica nueva pero, hasta ahora, no hay indicios de en qué fecha podrían decretar esa tarifa provisional.

“Imagino que se sienten un poco azotados con los cambios y decisiones sobre el calendario”, comentó Hempling el martes en una vista. La respuesta de los participantes fue silencio.

Según la moción del sábado pasado, LUMA atribuyó la solicitud de eliminar el adelanto de información de esta semana porque el negociado le dio poco tiempo para preparar ese adelanto, porque le impusieron el requisito “sin precedentes” de desarrollar escenarios presupuestarios distintos también en poco tiempo y porque el examinador le sometió decenas de requerimientos de información.

“Una sola radicación consolidada también evita el riesgo de confundir al público con un requerimiento de ingresos preliminar que, por su naturaleza, puede cambiar”, añadió el operador privado de la red.

El NE abrió el proceso de revisión tarifaria el 30 de junio de 2024, por lo que la primera divulgación sustancial para discusión pública va a ocurrir más de un año después de comenzado. Esta revisión tarifaria no solo es la primera en ocho años, sino que es la revisión que ocurre cuando la quiebra de la AEE se encamina a resolución final y la Junta ya adelantó que habrá un aumento porque hay que inyectarle más fondos a la rehabilitación y mantenimiento de la red eléctrica. Con este argumento, la JSF también está proponiendo que el repago de la deuda de la AEE no salga de la tarifa. Lo que sí puede salir de la tarifa todavía es el pago de pensiones.

En otro proceso, el NE emitió el miércoles una orden dejando en suspenso sin fecha la radicación por parte de LUMA de su propuesta final de PIR. Este documento es el que ordena la prioridad de inversiones en el sistema eléctrico.

La única razón que ofreció el negociado para la suspensión es que los modelos que usó LUMA y su propuesta preliminar de uso de recursos no tomó en cuenta “el efecto que la Ley 1 de 2025 puede tener en plan final de recursos preferidos bajo el proceso del PIR”.

Con esta ley, la Administración González Colón alteró la política pública energética de la isla para eliminar las metas interinas que se disponían en la ruta hacia conseguir 100% de la generación de fuentes renovables para 2050 (esta meta final todavía se mantiene). La ley también extiende hasta el 2032 el uso de carbón para generar energía.

Vea:

Revisión de la tarifa eléctrica arranca la semana que viene