Mientras los operadores atienden su supervivencia en la isla, no hay una alternativa clara de emergencia para evitar apagones en verano.

En su cuarto año, el esquema de administración privada de la red eléctrica, y de la generación de energía, está en entredicho desde múltiples ámbitos, mientras la población de Puerto Rico se encamina con temor hacia los meses de mayor calor y de mayor incertidumbre por los huracanes.

Con menos de un mes para el comienzo el 1 de junio de la temporada de huracanes, y de las temperaturas más altas del año, tanto el operador de la red, LUMA Energy, como el de las plantas termoeléctricas, Genera PR, e incluso la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el propio gobierno parecen estar cada cual por su lado enfrentando crisis que inciden sobre su capacidad para ejecutar mejoras en la red y enfrentar emergencias.

En FEMA, el jueves pasado estrenaron un administrador interino, el militar David Richardson, porque la Casa Blanca relevó fulminantemente a su antecesor un día después de que le dijera al Congreso que la agencia no debía eliminarse. En una teleconferencia con todos los empleados, Richardson dijo que le va a “pasar por encima” a cualquiera que se le ponga de frente en su misión de cumplir las intenciones del presidente con Donald Trump con la agencia. Esas intenciones incluyen eliminarla.

“Vamos a encontrar cómo empujarle más cosas a los estados… (y) cómo podemos compartir más costos con los estados”, dijo Richardson, según reseñado en CBS. Desde su primer día va a “mirar todas las leyes y estatutos que guían a FEMA para asegurar que solo estamos haciendo cosas que están dentro de la ley”, añadió.

FEMA es la fuente primaria de los $17,000 millones asignados a la reconstrucción de la red eléctrica a raíz del huracán María y, tan reciente como la semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) echó a un lado las pugnas entre el gobierno y los operadores privados para enfatizar que todos en Puerto Rico deben estar enfocados en usar ese dinero porque su permanencia no está garantizada. De hecho, el proyecto de reconstrucción de la red en la isla es el proyecto más grande de ese tipo en el que se ha embarcado FEMA y otras apuestas estratégicas, como el programa de manejo de vegetación para despejar líneas, ocurrieron porque la agencia federal accedió a flexibilizar sus requisitos y procesos.

En el esquema de privatización, el encargado de obtener asignaciones federales, ejecutar el trabajo y tramitar reembolsos con FEMA es LUMA, como representante de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Pero son precisamente su desempeño en esa área, y los apagones constantes, los elementos de mayor encono por parte del gobierno contra la compañía compuesta por las entidades ATCO y Quanta Services.

LUMA planteó en una carta el 21 de abril que necesita entre $500 a $800 millones para inversiones capitales en la red, un aumento en su presupuesto operacional y que se le restablezca al 100% el financiamiento que la AEE debe proveer para sus cuentas operacionales.

Como riposta, el zar de energía, Josué Colón Ortiz, expuso que había un problema de huevo y gallina porque, en su perspectiva, la incapacidad de LUMA de tramitar el dinero federal es lo que tiene a la AEE sin dinero para poder financiar al operador privado. Fue más allá y dijo que una de las representaciones “infundadas” que hizo LUMA para que el gobierno le diera el contrato fue su pericia y experiencia con fondos federales la que, según el funcionario, ha brillado por su ausencia. La Junta de Gobierno de la AEE ya dispuso que LUMA no va a tener exclusividad en cuanto a la solicitud de asignaciones federales, lo que anticipa que la corporación pública no solo haga trámites de reembolso que hace ahora, sino, además, la gestión inicial de obtener la asignación para proyectos.

En una moción para convencer al tribunal de quiebras de que la AEE no tiene efectivo acumulado con el que pueda pagar su deuda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) dijo que el efectivo que tienen está separado mayormente para pagar las cuentas de los operadores privados. Detallaron en una nota al calce que el 25 de abril solo pudieron pagarle $264 millones de los $726 millones del nivel requerido para financiar esas cuentas.

Los problemas de LUMA no se limitan a esto. Además, FEMA ya determinó que no le van a pagar $21 de $50 millones que reclamaron por trabajos durante el huracán Fiona. Esto, porque encontraron que era violatorio de la reglamentación federal el que contrataran sin competencia con una de sus matrices, Quanta, para realizar esos trabajos. También, el gobierno parece encaminarse a la cancelación de su contrato provisional. Es provisional porque es el que aplica mientras no se haya resuelto la quiebra de la AEE. Al resolverse la quiebra, lo que se espera en el próximo año, comenzaría a correr el contrato formal de 15 años.

En medio del verano, cuando podría estar asediado por las fallas en la red y apagones, LUMA también tiene un plazo para someter al Negociado de Energía (NE) la primera solicitud de aumento de tarifa básica en ocho años. La evaluación de esa propuesta demoraría hasta abril de 2026, pero desde julio podría entrar en vigor una tarifa básica provisional que se espera sea mayor a la actual.

Si LUMA enfrenta la posibilidad de terminar su negocio en la isla por la cancelación de su contrato, Genera lo enfrenta por la posibilidad de que su matriz, New Fortress Energy (NFE) se declare en quiebra o que el NE le quite su permiso para operar en la isla.

El espectro de la quiebra está sobre NFE en el mercado financiero desde el año pasado y se espera que en cualquiera de sus informes trimestrales de este año la corporación se vea obligada a hacer una anotación formal de que no garantizan que puedan seguir operando. Esto es usualmente la parada previa a recurrir a una quiebra.

En sus comunicaciones con el mercado financiero, la gerencia de NFE ha contrarrestado las preocupaciones sobre su condición financiera resaltando el control que tienen en el mercado de gas natural en Puerto Rico y cómo obtienen cada vez más negocio con el gobierno.

Y, en efecto, han conseguido cada vez más negocio público en la isla. Por ejemplo, la Administración Pierluisi Urrutia condicionó el contrato de construcción de una nueva planta de generación, con la empresa Energiza LLC, a que esta entidad, a su vez, le dieron un contrato a NFE para suplir el gas de la planta. Con la Administración González Colón, consiguieron eliminar la estructura de incentivos en su contrato de operación de plantas, a través de Genera, a cambio de un pago adelantado de $110 millones. NFE celebró esa oferta del gobierno porque ya sabía que se le haría difícil cumplir con los ahorros para lograr los incentivos.

Pero el deseo de seguir afincando su negocio de gas natural en la isla y los problemas financieros de su matriz ya le están creando problemas a Genera.

Después de meses de señalarles que no han sido transparentes o diligentes en distintos procesos que tienen que ver con su manejo de las plantas, la semana pasada el NE emitió su regaño más tajante contra Genera mediante una orden de cese y desista, acompañada de un aviso de que están en incumplimiento con su obligación de someter estados financieros a tiempo. Esto último es un requisito para mantener su certificación para operar en la isla.

La orden de cese y desista surgió porque la compañía decidió unilateralmente comenzar a hacer pruebas de uso de gas natural en generadores móviles ubicados en Palo Seco. Esto, ante la tardanza del negociado en contestarle su solicitud para cambiar permanentemente el combustible de diésel a gas natural. Pero el regulador del sector de energía ripostó indicando que la demora se debe a que la empresa no entrega información completa y, específicamente, porque ha ido reduciendo su proyección sobre los ahorros que los abonados tendrán al cambiar el combustible.

“Debe tenerse en cuenta que, tanto de los escritos presentados por Genera como de información pública disponible, surgen con claridad los riesgos que conllevan las conversiones propuestas por ésta, riesgos que, a todas luces, podrían beneficiar de manera significativa a su compañía matriz, New Fortress… incluyen el potencial de que los clientes de la AEE tengan que pagar precios por el gas natural por encima de lo que sería razonable en un mercado competitivo. Además, tales riesgos podrían perpetuar una condición de dependencia comercial, en la cual la AEE quede virtualmente rehén de New Fortress”, dijo el negociado en su orden. En una reacción a El Nuevo Día, Genera aseguró que cumplirá con la orden, que también cubre la conversión que tienen pendiente para unidades en Mayagüez.

El NE tampoco ha aprobado el acuerdo de Genera y el gobierno sobre el esquema de incentivos. En una resolución del 28 de abril el ente reveló que, después de que la administración anunciara el acuerdo como una victoria, la propia Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) levantó bandera. La autoridad, que también está bajo el mando de Colón Ortiz, dijo que NFE le había representado en enero que tenían una posición financiera “bien fuerte”, pero luego salieron en el mercado divulgaciones y degradaciones del crédito de la compañía que denotan “dificultades financieras significativas”. Por esto, el NE pidió que el acuerdo se modificara para incluir una garantía de repago en el contrato que esté garantizada con una fianza. El miedo es que NFE se vaya a quiebra y que Genera incumpla con su contrato en Puerto Rico después de que el gobierno le ponga en el banco $110 millones en fondos públicos.

Todas estas circunstancias que afectan a LUMA, Genera, FEMA y el gobierno de Puerto Rico ocurren cuando lo que se supone que esté pasando es que se esté ejecutando un plan de emergencia para aumentar la generación en los próximos meses, así como la capacidad para prevenir y atender daños al sistema si un huracán impacta la isla.

La apuesta para eso había sido la contratación de barcazas habilitadas con generadores que pudieran proveer energía conectándose a centrales desde el mar. El plan prosiguió aún cuando el exdirector de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, advirtió que era una opción que ya se había evaluado y descartado. El viernes pasado, a tres semanas del inicio de la temporada, la Junta de la AEE decidió descartar las barcazas porque, en la eventualidad de un huracán, las tendrían que sacar del área y no cumplirían el propósito de aportar generación. Ahora la opción son generadores terrestres que podrían tardar meses por lo que, realmente, no hay una opción con garantía de estar lista para el verano.

La semana pasada, Genera también le copió la estrategia a LUMA y envió una carta consignando que la reducción de fondos que la AEE ha colocado en sus cuentas está afectando sus operaciones y la compra de combustible.

Vea:

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