La matriz de Genera PR, New Fortress Energy, tuvo que suspender temporeramente el intercambio de sus acciones por la volatilidad que provocó la incertidumbre sobre su futuro.

El Negociado de Energía (NE) notificó ayer que podría tardar 30 días más, hasta fines de junio, en emitir su decisión sobre si va a permitir que Genera PR cambie de diésel a gas licuado como combustible en plantas de Mayagüez y Palo Seco.

La decisión del ente regulador de la energía en la isla ocurrió un día después de que las acciones de la matriz de Genera, New Fortress Energy (NFE), cayeran debido a que obtuvieron menos ingresos de lo esperado en el primer trimestre de 2025. De hecho, ayer mismo NFE suspendió temporeramente el intercambio de sus acciones en el mercado debido a la “volatilidad” en su precio. Esta movida usualmente es útil para que una empresa detenga la caída en el precio de sus acciones.

Uno de los elementos que provocó que NFE tuviera menos ingresos que los proyectados es que habían incluido en su estimación los $110 millones que la Administración González Colón les ofreció pagarles durante 12 meses para eliminar el esquema de incentivos que se activa en el contrato de Genera si consiguen ahorros y eficiencias en la operación de las plantas termales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Pero el propio NE puso freno al desembolso de los $110 millones cuando, a instancias de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), pidió que se incluyera una garantía contractual de repago del incentivo, como una fianza, precisamente por si NFE se va a la quiebra. Esto, a la luz de que ese pago de es una especie de intercambio que el gobierno le hace de los pagos que la empresa hubiera recibido poco a poco en los próximos años si cumplieran con las metas en su contrato.

El NE no detalló por qué atrasó su decisión de la fecha original del 20 de mayo a hasta 30 días después de eso. Pero una revisión del expediente denota que cuando el 31 de enero pasado el ente regulador aprobó con condiciones la conversión a gas natural de esas unidades, lo hizo señalando a Genera por haber sometido información incompleta y vaga. En controversia habían dos aspectos principalmente: uno es que Genera reclamaba que los ahorros de las conversiones le contaran para el pago de incentivos; y otro que al negociado dudaba que de verdad ocurrieran los ahorros, que los equipos instalados para la conversión no se consideraran como propiedad de la AEE y que la movida le pudiera servir a Genera para monopolizar el suplido de gas natural en la isla. Las unidades de Mayagüez y Palo Seco serían las primeras de otras unidades que serían convertidas.

Uno de los elementos que el negociado podría estar viendo en este periodo de atraso es qué pasa ahora con la exigencia de Genera de que la conversión le cuente para los incentivos, ahora que esos incentivos pueden desaparecer solo con el pago de los $110 millones. También, puede ser una pausa para ver cómo se desarrolla la posición financiera de NFE y si, como anticipan algunos analistas en el mercado, tenga que encaminarse a pedir la protección de la Ley de Quiebras.

Genera había redoblado sus argumentos de ahorro con las conversiones en una moción que sometieron el 9 de mayo. Allí pidieron al NE que reconsidere la orden de cese y desista que emitieron y que le prohibió comenzar a hacer pruebas de uso de gas natural en esas unidades, hasta que se decida finalmente si van a poder hacer la conversión o no.

La orden de cese y desista estuvo provocada por un aviso que hizo Genera de que comenzarían las pruebas mientras el negociado decidía. En su petición de reconsideración, la empresa aseguró que acató la orden de cese y desista y no realizó tarea alguna relacionada con las pruebas. A la vez, insistió en expresar su frustración por la tardanza en la decisión del negociado y reiteró sus argumentos de ahorro.

“Permitir que plantas que están listas para correr con gas sigan quemando diésel es el equivalente a quemar dinero. Es más costoso, genera más emisiones y lleva a aumento en costos de mantenimiento. Todo sin ninguna razón”, dijeron al subrayar que el costo actual del gas está fijado en un contrato que cubre toda la isla y que es 27% más barato que el costo del diésel.

“El tiempo es oro, cada día que las plantas termales de la AEE sigan quemando diésel caro y sucio, en vez de gas más limpio y costo eficiente le cuesta a los puertorriqueños cantidades significativas de dinero. Millones y millones de dólares que se pueden usar mejor para reducir costos y crear un sistema energético más estable, limpio y confiable”, concluyeron.

Como telón a esta controversia está que en una de las pocas leyes significativas que ha podido aprobar el nuevo gobierno fue la extensión del uso del carbón para generación en la isla. Este es el combustible más sucio y barato que se usa aquí y se supone que se hubiera dejado de usar por ley, pero eso quedó revertido con la nueva legislación.

Este cambio, así como la eliminación de las metas intermedias que también estaban establecidas por ley para marcar el paso hasta llegar a generación con 100% de energía renovable para 2050, fue la justificación que usó el NE para decidir el martes que se va a atrasar hasta octubre el inicio del proceso para evaluar el Plan Integrado de Recursos. Este es el documento rector de las inversiones y prioridades en la infraestructura eléctrica de la isla durante los próximos años.

A la misma vez que ocurren estos atrasos, y que se acrecenta la incertidumbre sobre los operadores privados de la red eléctrica, el miércoles LUMA Energy reportó un nuevo aumento en la cantidad de hogares en los que se han instalado sistemas de generación renovable distribuida (placas y baterías).

Hay ya 158,600 abonados con esos sistemas, lo que representa una capacidad de generación de 1,144 megavatios. Eso es más que los aproximadamente 900 megavatios que se generan con diésel, pero la capacidad de estos sistemas de generación distribuida todavía no se cuenta como parte de la generación renovable que hay en la isla. Al contrario, lo que se ha discutido es que ese aumento de capacidad ha enmascarado la gravedad de los problemas de generación porque cuando el cliente usa energía de sus placas o batería no está consumiendo energía del sistema de la AEE.

Según estadísticas que LUMA presentó al negociado, entre enero y marzo de 2025 se instalaron 12,385 sistemas distribuidos en hogares, el trimestre de más instalaciones desde el verano de 2023. El aumento viene después de la inyección de fondos federales para facilitar las instalaciones tanto por el lado del financiamiento como por el de la subvención a poblaciones vulnerables. La Administración Trump detuvo esas asignaciones sin oposición de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Vea:

El incentivo que todavía no le ha pagado el gobierno daña el panorama a matriz de Genera PR

Incierto el futuro para los dos operadores privados de la red eléctrica