Zar de energía reafirma que el gobierno examina cómo atender legalmente el control que NFE mantiene sobre el único muelle que puede recibir gas en la costa norte.

La empresa New Fortress Energy (NFE) no se movió de los términos que presentaron para llevarse un contrato de suplido de gas por 15 años con valor de $20,000 millones, indicó el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón Ortiz, después de que ayer se conociera que se suspendieron las conversaciones sobre ese acuerdo.

Además de no proseguir con las conversaciones para el contrato de 15 años, la gasífera tampoco ha querido extender un contrato que tienen para suplir gas a 14 unidades temporeras en Palo Seco y San Juan que representan 300 megavatios de generación. El contrato para estas unidades se había extendido poco a poco porque ese suplido iba a ser parte del contrato mayor de 15 años. La extensión más reciente dura hasta el 25 de julio a las 5:00 pm, pero NFE no ha aceptado una nueva extensión, indicó el también zar de Energía.

Mientras sigue acercándose a la quiebra, NFE mantiene contratos y gestiones activas en la isla directamente, o a través de sus subsidiarias NFEnergía LLC y Genera PR. Según Colón Ortiz, el estado hoy de esos vínculos es:

1) Contrato para suplir gas a las unidades 5 y 6 de San Juan: Está vigente y expira en 2026. Este es el que NFE habría incumplido cuando el sábado 12 de julio decidieron retirar una barcaza de gas como táctica para presionar la otorgación del contrato de 15 años. La empresa dijo que la retiró por unas facturas de 2020 que no se le habían pagado, pero luego devolvieron la barcaza y reanudaron el suplido. En ese momento, no había extensión del contrato para las 14 unidades, que después se reanudó hasta mañana a las 5:00 pm.

2) Contrato para suplir a las 14 unidades temporeras: Vence mañana y NFE no ha dicho que va a extenderlo ni el gobierno ha anunciado suplidores alternos. Esto no provoca la pérdida total de los 300 megavatios porque algunas de las unidades pueden operar con diésel, pero sí provoca un aumento en costo de combustible para el abonado porque el diésel es más caro.

3) Compra de tres generadores portátiles: Adicional a las 14 unidades temporeras que están en operación, a NFE se le adjudicó la compra con fondos federales de otras tres unidades que producen hasta 80 megavatios adicionales. La adjudicación fue hecha en febrero, pero NFE no las ha entregado. Ayer, Colón Ortiz afirmó que la empresa había condicionado la entrega de esas unidades también a que se le concediera el contrato de 15 años. El funcionario no indicó qué acción tomarán para lograr obtener esas tres unidades.

4) Genera PR: Los tres episodios anteriores también han infundido de tensión la relación entre el gobierno y el operador privado de las plantas termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que es una subsidiaria de NFE. En una carta posterior al retiro de la barcaza, Genera PR pidió que, para evitar conflictos, la AAPP se encargara de las reclamaciones a NFE. Pero Colón Ortiz ripostó ayer que “la responsabilidad contractual” de Genera es “cobrarle a New Fortress”. Esto porque, como operador, Genera es el administrador de todos los contratos de suplido de combustible. Señaló que, por dos años, no han tenido problema en administrar el contrato de su matriz para las unidades 5 y 6 pero, ahora, que hay posible incumplimiento y disputas, no quieren administrarlo. Aclaró que el contrato de las 14 unidades es posterior a que Genera se convirtiera en operador, así que lo atiende la AAPP. Pero el de las unidades 5 y 6 es de antes y Genera se quedó administrándolo después de convertirse en operador.

5) Incentivos bajo el contrato de Genera: Aunque el Negociado de Energía (NE) dio por cerrada la evaluación de la propuesta del gobierno de pagarle $110 millones a Genera a cambio de que estos renunciaran a cobrar incentivos por los próximos 10 años, Colón Ortiz reconoció que podría volver a plantearse esa oferta si Genera acepta las condiciones que puso el negociado. Aún después de que se revelara que los propios consultores del gobierno habían dicho que no había forma de calcular las métricas para esos incentivos, el zar de Energía continuó defendiendo la validez de esa posible transacción. Indicó que Genera pretende adjudicarse ahorros y eficiencias logradas aún con equipo que se va a instalar sin que ellos pongan un centavo, como baterías y turbinas nuevas, y que el gobierno tendría que litigar todos los años si eso debe acumular para los incentivos del operador, o no. Admitió que, de surgir otra vez la posibilidad de negociar los incentivos, el gobierno tendría que tomar en cuenta todas las otras amenazas y escaramuzas que ha hecho NFE en estos meses.

6) Control en muelles: El acuerdo que le abre a NFE la posibilidad de tener un monopolio de suplido de gas en la isla es un contrato de 20 años que la Autoridad de los Puertos (AP) le extendió en 2018 sin competencia para alquilar dos muelles en Puerto Nuevo y levantar allí, sin permiso federal, la única instalación que puede recibir gas en la costa norte de la isla. Ahora, siete años después, la JSF criticó por primera vez ese acuerdo y pidió copia del contrato, enmiendas, análisis de valorización del mismo y datos sobre cómo se otorgó. NFE usó ese acuerdo para decirle al gobierno que solo podían darle el contrato de 15 años a ellos porque no tenían alternativa. Colón Ortiz todavía no especifica qué acción van a tomar sobre ese acuerdo, pero que una de las opciones que manejan es determinar si “debe continuar como está y si debe continuar permitiéndole ese privilegio de exclusividad sobre esa facilidad pública”. NFE sugirió que podrían permitir desembarco de otros suplidores mediante cobrar una tarifa a ese suplidor, pero el zar tildó esto de un “bluff” (engaño) porque la facilidad esencialmente acomoda solo un barco y la gasífera tiene que mantener un suplido constante de gas bajo el contrato que expira en 2026. Por tanto, se dificulta una operación donde barcos de distintos suplidores usen la instalación a la vez.

Esto último hace más urgente el atender el control de NFE sobre esa instalación porque, ahora que se retiraron de la discusión por el contrato de de 15 años y de que no han extendido el contrato para las 14 unidades, la única alternativa inmediata para el gobierno es buscar otros suplidores de gas. “Estamos evaluando alternativas”, reiteró Colón Ortiz.

En otro asunto, el director de la AAPP dio un voto de confianza a la empresa Regulatory Compliance Services, Corp. (RCSC), la que se encarga de los procesos de compras y contratos en los que podrían participar las matrices de Genera PR y del otro operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy LLC. Tanto RCSC como el propio Colón Ortiz y la AAPP han sido objeto de críticas múltiples de parte de la Junta por la forma en que llevaron a cabo el proceso del contrato de 15 años. El ente fiscal ha adelantado su impresión de que más que negociación fue una entrega del gobierno a los términos que NFE quería imponer.

“No tengo información ni dato que digan que ellos (RCSC) han conducido los procesos de una manera que no sea íntegra y correcta. Sobre si la manera en que se ha desempeñado es la más eficiente, en su momento, una vez concluyan todos estos procesos, se verá el resultado que hubo”, planteó.

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