Grupos han advertido que control de NFE en muelles le sirve para presionar al gobierno, se ejecutó sin permisos y que la empresa todavía engaña sobre su operación.

La petición que hizo el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que evalúe la anulación del contrato de 2018 que le cedió control a la empresa New Fortress Energy (NFE) sobre el suplido de gas en Puerto Rico ya la habían llevado al tribunal grupos ambientales y residentes del área en 2020, pero no les dieron paso.

Fueron Sierra Club y El Puente de Williamsburg, Inc. los que presentaron una petición de interdicto en representación también de residentes del área impactada por las operaciones. La reclamación no se limitaba a declarar nulo el contrato de alquiler con la Autoridad de los Puertos (AP). Incluía también declarar ilegal la operación que NFE mantiene allí para descargar gas por incumplimiento con el proceso de permisos y leyes ambientales estatales.

En una carta la semana pasada que es la más reciente acción en una serie de confrontaciones entre el gobierno y NFE por un contrato de suplido de gas de 15 años y valor de $20,000 millones, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) pidió a la Junta que evaluara declarar nulo el contrato de alquiler bajo la Ley PROMESA porque nunca fue revisado por el ente fiscal antes de firmarse. Pero el propósito del gobierno, distinto al de los grupos ambientales, no es suspender el desembarco de gas, sino que ya no esté bajo control exclusivo de NFE.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los grupos ambientales porque entendió que no tenían legitimación activa para hacer las reclamaciones. “Esta conclusión no implica que las determinaciones administrativas en controversia hayan sido correctas ni que el Tribunal haya pasado juicio sobre los méritos de las reclamaciones que presentaron los demandantes”, subrayó el entonces juez superior, Alfonso Martínez Piovanetti.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo la desestimación, pero con expresiones más directas sobre los reclamos de los demandantes.

“No podemos obviar que el fuego, explosiones y derrames podrían constituir daños que -como surge de la propia demanda- son inherentes al uso del gas licuado. Sin embargo, ello no significa que los miembros de las organizaciones apelantes sufran quemaduras, asfixia y hasta la muerte por residir en barrios ‘cercanos’ al proyecto de (NFE). Aún más, no podemos avalar la pretensión de las organizaciones quienes no han podido demostrar fehacientemente que la operación del proyecto le haya causado o le esté causando daños reales y concretos”, concluyó el panel de los jueces Waldemar Rivera Torres, Grisel Santiago Calderón y Sol de Borinquen Cintrón Cintrón.

Entre las alegaciones que hicieron los demandantes, está que la residencia más cerca a la instalación de NFE está a 400 metros de distancia, en el barrio Sabana de Guaynabo, y que, de la misma forma, los barrios Amelia, Vietnam y Puerto Nuevo están expuestos a explosiones, liberación de gas metano, y otros riesgos por la operación de desembarco de gas. A pesar de la cercanía con la instalación de la gasífera, y de que están ubicados viento abajo de la misma, a las comunidades no se les dio notificación para comparecer en el proceso de permisos ni hubo vistas públicas.

Al indicar que tampoco conocían de la existencia del contrato de 2018, los grupos dijeron en su demanda que el acuerdo “pudo proveer una ventaja estratégica (e indebida) a NF en el proceso de Requerimiento de Propuestas para el suplido de gas metano a la AEE, (y) también comprometió ilegalmente los predios en los Muelles A, B y C por 20 años, y a los integrantes del Sierra Club y El Puente a la exposición de los riesgos antes alegados, por su ubicación y cercanía a sus residencias”.

Recordaron que la empresa maniobró para engañar al gobierno federal y burlar el proceso de permisos local. “Usando tácticas de disimulo y fragmentación, (NFE) presentó ilegalmente el Proyecto de Gas como uno ‘mini’ o de ‘micro procesamiento’ de gas metano”, indicaron al apuntar que NFE tenía condiciones impuestas por el gobierno para poder comenzar a operar y, sin cumplirlas, siguieron adelante.

En 2020, la Comisión Federal de Regulación Energética (FERC, por sus siglas en inglés) determinó que la instalación debió tener permiso de ellos e inició un proceso de evaluación, pero le permitió a la empresa seguir operando mientras ocurre eso.

Los grupos se han mantenido activos también ante la FERC y le han advertido que NFE sigue haciendo construcciones nuevas en el muelle sin notificar a esa agencia federal. También, que han manipulado el impacto de sus operaciones mediante someter mediciones acomodaticias de sus zonas de impacto y al ajustar sus representaciones al uso de tanqueros de 15,000 metros cúbicos cuando, en realidad, están usando tanqueros de 155,000 metros cúbicos.

El contrato que le concedió la AP sin competencia en 2018 tiene vigencia de 20 años y viabiliza el único punto de entrada para gas natural en toda la costa norte de la isla. La operación conlleva que NFE estaciona una embarcación de almacén de gas (Floating Storage Unit) en el muelle y de ahí usan las instalaciones en el lugar, incluyendo un gasoducto de menor escala, para llevar el combustible a plantas de generación. A la vez, hay un tráfico de embarcaciones que llegan con gas y se conectan con la que está en muelle para reabastecerla.

“Ni la Oficina de Gerencia y Permisos ni ninguna otra agencia del Gobierno de Puerto Rico ha impuesto un límite a la cuantía de gas metano que (NFE) pueda importar y procesar”, consignaron los grupos en la demanda.

Vea:

New Fortress Energy reta la legalidad para sus operaciones en bahía de San Juan y Genera

Gobierno pide a la Junta que le meta mano al control de NFE sobre muelles

Oposición a la utilización de gas metano por el operador de New Fortress