Al aprobar tarifa provisional, el Negociado de Energía mostró algunos de los campos de batalla en el proceso de revisión tarifaria que ya está corriendo y que termina en 2026.

Mediante dos resoluciones separadas anoche, el Negociado de Energía (NE) impuso una tarifa provisional y un cargo para cubrir pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, en total, sacarán $535 millones de los bolsillos de los abonados entre hoy y junio de 2026.

Esa cantidad es adicional a lo que ya se pagaba en la tarifa y es separada de cualquier ajuste trimestral que el regulador del sector energético realice para cubrir costos de combustible. Entre tarifa provisional y pensiones, el aumento es de 3.4 centavos el kilovatio hora. Aunque el NE lo anunció como que prácticamente se neutralizaba con una reducción que decretaron, la realidad es que la reducción solo aplica en agosto y septiembre, mientras que los nuevos cargos estarán vigentes de septiembre a junio.

Los números del aumento son la conclusión de la decisión del NE, pero, para llegar ahí, las resoluciones recorren múltiples áreas de la operación de la red eléctrica de la isla y apuntalan disputas que se tendrán que resolver en el proceso paralelo que ya está corriendo y que resultará en una nueva tarifa base en 2026, la primera revisión desde 2017. Por haber estado ocho años sin revisión, el ente adelantó a los consumidores que vienen aumentos en la nueva tarifa permanente de 2026, pero pidió que se tomara en cuenta que, si hubieran ocurrido los aumentos necesarios en estos ocho años, la tarifa hoy sería 33% mayor que la de 2017.

Algunos elementos destacables son:

-¿Quién paga y a quién se le perdona?

Este fue uno de los puntos que provocó que el presidente del NE, Edison Avilés Deliz, emitiera un voto disidente porque el cargo para pagar pensiones no le aplica a los abonados adscritos al programa de medición neta (los “prosumidores” que producen energía mediante sistemas de generación en sus techos y la venden al operador). A estos prosumidores se les advierte que se estará evaluando si los cargos permanentes pueden estar basados en consumo bruto, en vez de en el neto. Por otro lado, los abonados con tarifa subsidiada (beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional y residentes de vivienda pública) pagarán el cargo de pensión, pero no la tarifa provisional nueva, de la misma manera que ahora no pagan la tarifa igual que los demás abonados. A los abonados se le alertó que puede venir un aumento en la tarifa básica de $4 que aplica a todos los clientes residenciales.

-Deuda de la AEE

Ninguna de las determinaciones del NE tiene que ver todavía con el repago de la deuda de la AEE, por lo que la amenaza de un cargo específico para cubrir esto sigue vigente y pendiente de la resolución de la quiebra de la corporación pública. Por deuda, entiéndase no solo la de los bonistas sino la decisión final sobre el repago de pensiones y los préstamos que se le tomaron al gobierno para pagar pensiones hasta ahora, que ni se menciona en las resoluciones. La revisión tarifaria se desarrolla en medio de la discusión sobre la deuda y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó que los operadores privados del sistema sometieran todos los gastos que entienden necesario cubrir con la tarifa para poder optimizar la red, en una táctica cuyo propósito es reforzar el argumento legal de que la AEE no tiene ganancias netas para repagar su deuda. Pero el NE adelantó que podría desviarse de esa estrategia al comentar que los proyectos que los operadores someten tienen que ordenarse de manera que se considere el financiamiento federal disponible y también la posibilidad de que se sufraguen una vez la AEE vuelva al mercado financiero después de terminar su quiebra. “El NE no tratará a los abonados como la fuente de financiamiento de primer recurso”, se indica.

-Cuentas operacionales y reservas de LUMA y Genera

Las resoluciones le crean un problema al operador de la red, LUMA Energy, y al operador de las plantas de la AEE, Genera PR, porque el NE decidió no reconocerle ninguno de los dineros que pedían para rellenar las cuentas operacionales y de reserva. La falta de dinero en estas cuentas, incluyendo las de emergencia y apagones, son el argumento que los operadores han usado para defenderse de la fiscalización del gobierno y para alegar que esta deficiencia de fondos les imposibilita hacer obras para mejorar la calidad del servicio. Pero el Negociado concluyó que no pueden pretender cobrar mediante la tarifa dinero que ya usaron de esas cuentas, y que no se ha repuesto, porque ese dinero no es privado de ninguno de los operadores, sino que es el mismo dinero de los abonados que se mueve de un uso a otro. Los contratos de operación no obligan a que las empresas pongan dinero propio para llevar a cabo su trabajo, por lo que todo el dinero que gastan ya salió primero de los abonados y pretender recobrarlo en la tarifa es hacer que los abonados paguen dos veces. En vez, el NE estableció un fondo de emergencia con balance inicial de $20 millones bajo la custodia de la AEE. Si se requiere usar dinero de ahí, tienen que hacerle solicitud al negociado y solo ellos autorizarían desembolso.

-Campo minado en la facturación

Parte de los documentos que el NE tomó en cuenta para las resoluciones es una declaración de una ejecutiva de LUMA sobre lo difícil que puede resultar alterar el sistema de facturación para que algunos cargos especiales, como el de las pensiones, aplican de manera fija a todos los abonados, en vez de sacarlo basado en el consumo por kilovatio hora. Aunque la advertencia surgió por las pensiones, apunta a un impedimento que puede haber al diseñar una tarifa nueva con formas distintas de cobrar. La ejecutiva dijo que el sistema tiene 14 años y no hay documentación completa de la última actualización que se le hizo, que se estima fue en 2019. Como está ahora, la tarifa se divide en 4,800 componentes que se combinan de distinta manera para producir 63 tipos de tarifas diferentes. Cambiarlo para simplificarlo podría tomar seis meses y cientos de miles de dólares. El NE le ordenó que hiciera los cambios y notificara cuando estuviera listo para que el cargo por pensiones pueda ser fijo en vez de basado en consumo.

-No es una decisión sobre razonabilidad de gastos

La tarifa provisional comenzó con una petición de los operadores y la AEE que la hubiera aumentado por 7.4 centavos el kilovatio hora, sin incluir los 1.9 centavos de las pensiones. Es una cantidad que va por la línea de lo que se discute para la tarifa nueva de 2026. El NE descartó muchas de las peticiones, reduciendo así la tarifa provisional, indicando que eran cosas que se debían discutir en el proceso de la tarifa nueva, en vez de en esta decisión de la provisional. Los méritos de esos costos que los operadores reclaman incluirá una discusión, según el regulador, de si, por ejemplo, LUMA ha cumplido la promesa que hizo para llevarse su contrato de que implantaría eficiencias que harían innecesario un aumento tarifario. También incluirá la evaluación de si los operadores han sido suficientemente efectivos en asegurarse que el dinero para los proyectos se busca primero en fuentes como el financiamiento federal, en vez de la fácil de cobrárselo a los abonados. En este punto, hay disputa entre el negociado y su presidente. En su disidencia, Avilés Deliz dice que se opone a la tarifa provisional porque se le aprobaron gastos a los operadores que corresponden a iniciativas que pueden tener financiamiento federal a través del Departamento de Energía. Además, se aprobaron costos de mantenimiento sin que en el expediente hubiera un récord de cuáles son esos proyectos específicos y el desglose de su presupuesto. Los otros cuatro miembros del negociado, por otro lado, dijeron que tener la resolución de tarifa provisional a tiempo fue un reto porque en todas las páginas de la solicitud que presentó LUMA, ni en las docenas de testimonios que incluye, había una “imagen única y clara de los ingresos totales que se requerían y sus componentes distintivos”.

Para leer la resolución sobre ajuste temporero de agosto y septiembre, pulse aquí.

Para leer la resolución sobre tarifa provisional, pulse aquí.

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