Irán ‘caso a caso’ a medida que surjan.

De declararse inconstitucionales las escuelas ‘charter’ y los ‘vales’ educativos, tal como pretende la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Local-Sindical, el resto de la Ley 85 de 2018 –que establece la Reforma educativa– continuaría vigente, pero las organizaciones magisteriales no le quitarán el ojo.

Es decir, de apuntarse una victoria en el tribunal en esos dos puntos, estos grupos procederán a combatir la implementación del resto del estatuto a medida que surjan instancias que consideren violaciones a medidas vigentes.

‘En terminos del resto de la Ley, hay muchísimos incisos que hay que esperar que vayan ocurriendo para entonces irlos cuestionando. Las vamos a litigar, una por una’, aseguró Aida Díaz de Rodríguez, presidenta de la AMPR.

Las declaraciones de la líder sindical se dieron durante una conferencia de prensa en la cual detalló el recurso de sentencia declaratoria sometido para impugnar la Ley de Reforma educativa.

El documento establece que la Ley 85 viola la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, según las disposiciones de la sección 5 del Artículo II, en la medida en que el Gobierno renuncia a su deber de ofrecer una educación pública a los residentes de la Isla.

Sobre los ‘vales’, por ejemplo, se argumenta que el Estado desembolsaría fondos públicos a escuelas privadas que los administrarán a su conveniencia.

Además de la particularidad de las ‘charter’ y los ‘vales’, el magisterio estará atento a la creación de los reglamentos bajo la responsabilidad de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, y los procesos de admisión de las escuelas.

‘Como por ejemplo, cuando un niño vaya a matricularse en una escuela y le den un trabajo para hacer y se determine que no le pueden dar admisión porque el trabajo que hizo indica que no tiene la capacidad para cumplir con las metas de esa escuela. Ese es el primer caso que vamos a llevar contra la escuela que sea. O sea, nosotros vamos a estar atentos a todo’, expresó Díaz de Rodríguez.

Del mismo modo, aludió a que el nuevo sistema de repartición de fondos del DE no cumplirá con toda la población estudiantil, otra instancia que será impugnada.

La Reforma trae consigo la idea de invertir $6,400 por estudiante, sin embargo, Díaz de Rodríguez señaló que los alumnos de educación especial necesitan un presupuesto mayor por sus necesidades particulares.

Ejemplo de ello son los estudiantes bajo el programa ‘Home Bound’, en que se designa un maestro que imparta los cursos a domicilio porque los niños están postrados en una cama.

‘¿Que queda para atender las necesidades de la población de educación especial que son 159,000 estudiantes? Esos niños, hay unos que necesitan 30 ó 40 mil dólares para atender un solo niño. ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar los servicios de esos niños?’, cuestionó.

El recurso legal incluye como demandados al DE y su Secretaria, así como el Gobierno.