Mientras la Administración Rosselló sigue estableciendo que la salida de la crisis que nos dejó el huracán María depende cada vez más de la disponibilidad de fondos federales para renglones desde la energía electrica hasta la reforma contributiva, los excesos del pasado asoman sus feas cabezas.

Esta vez fue mediante una auditoría de la Oficina de la Contralora, que nos retrotrajo a las administraciones Acevedo Vilá y Fortuño y al curioso caso de lo que ha pasado con los relojes ponchadores biometricos que se suponen registraran la asistencia de los maestros.

Resulta, según el documento, que durante la Administración Acevedo Vilá, alguien decidió que la asistencia de los maestros debía registrarse por metodos modernos y otorgó un contrato de $14.3 millones a la empresa Interboro Systems para hacerlo.

Educación 'adquirió 1,762 relojes ponchadores biometricos por $2,648 cada uno, para un costo total de $4,665,776' pero, apenas entre 2008 y 2009, ya había facturado otros $157,675 para remplazar 265 de esos ponchadores que fueron 'vandalizados'.

En 2009, con el cambio de administración y con la cantidad de incidentes vandálicos con los relojes totalizando 850, vino la compañía Nustream y recomendó que a cada reloj se le pusiera una caja de acrílico y una cámara de vigilancia para eliminar o minimizar el vandalismo y poder procesar a los responsables. La evaluación fue parte de un contrato con Educación por $350,000.

Tras la evaluación, y mediante declaración de emergencia, Educación entonces emite órdenes de compra a otra empresa, cuya identidad se desconoce y que hizo el trabajo sin contrato, para adquirir el equipo de video vigilancia por $3.2 millones.

En octubre de 2009, Nustream certificó la instalación de 1,682 cámaras. Pero el examen de la Contralora 'reveló que el sistema de vídeo vigilancia no se utiliza desde el 2010'.

¿Por que este desperdicio de casi $18 millones con un sistema que dejó de usarse al año despues de que se adquiriera 'de emergencia'? El informe provee dos respuestas, una tecnica y una política, hasta sorpresiva.

¿La tecnica?, que la declaración de emergencia 'no permitió realizar una planificación adecuada que incluyera, entre otras cosas, un estudio de viabilidad para determinar si el proyecto era posible a nivel tecnico, operacional y económico; identificar el equipo necesario y la capacidad del mismo; y dar continuidad a dicho proyecto'.

La sorpresiva vino del exsecretario de Educación de la Administración Fortuño, Carlos Chardón, quien asumió responsabilidad pero apuntó a que su declaración de emergencia por los ponchadores no fue muy distinta a la emergencia 'que causó la misma administración (Fortuño) con la Ley 7'.

'El descalabro departmental como resultado de la Ley 7 resultó en la perdida esencialmente de personal administrativo. De los aproximadamente 7,500 empleados que habría de perder el Departamento durante el mes de junio, la inmensa mayoría eran de comedores escolares, conserjes y de carácter administativo en las escuelas... Era preciso tener una cuenta clara de la asistencia en situaciones donde no había empleados administrativos que ayudaran al Director con la asistencia al romperse el reloj', argumentó en respuesta a la auditoría que no contiene recomendación de la Contralora para procesamiento.

Y así, casi 10 años despues, llegan confesiones para la historia.

Vea el informe de la Contralora aquí: